Desde el sector de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) este decreto ya tardaba en llegar, aunque como ha sostenido en una rueda de prensa en la jornada de hoy 6 de abril, César Augusto Mba Abogo, el Ministerio de Hacienda tenía que hablar con otros ministerios, el mismo sector privado y con los socios al desarrollo (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Africano de Desarrollo, etc.) para ver cómo poner en marcha un paquete de medidas que puedan permitir al ejecutivo hacer frente al Covid-19 desde todos los ámbitos.
Como rol principal del Decreto 43/2020 en el que se han aprobado estas medidas, sostener las finanzas públicas en un momento como el actual, ayudará a cubrir la brecha de financiamiento; de allí a que se racionalice los gastos corrientes y de inversión, que se han tenido que reprogramar hasta el segundo trimestre del presente año. Y como ya esperaban las PYMES, (aunque solo para los del sector no petrolero) el ejecutivo ha establecido una incentivación que para el titular de la cartera de hacienda es para “evitar una gran destrucción del empleo y que más familias se queden en situación de vulnerabilidad en el país, ya que éste sector absorbe a gran cantidad de ciudadanos”. Estas ayudas abarcan desde la ampliación del Fondo de Garantía Parcial para las PYMES que se aumenta en 2.000M xaf ( al principio del año era de 1000 millones), que ayudará a que las empresas puedan financiarse a unos intereses más bajos, el aplazamiento de los plazos en la declaración de impuestos, la reducción de la cuota mínima fiscal del 3 al 1,5% hasta el mes de septiembre, y no hasta el 1% como ya lo pidieron las empresas comerciales la semana pasada, e incluyendo las posibilidades de abaratar facturas como la luz, el internet y la reprogramación de los créditos que esas empresas tienen con los bancos (aunque estas tres últimas ayudas sectoriales siguen pendientes de negociación entre Hacienda, Segesa, operadoras de red y los bancos).
Aunque no haya seguridad absoluta de que estas ayudas puedan cubrir las necesidades que las PYMES necesitan para poder sobrevivir y tener suficiente liquidez hasta la finalización de la crisis, lo cierto es que ‘no se puede establecer una gratuidad de las tasas e impuestos, porque ahora más que nunca el Gobierno debe servir de instrumentos para poder financiar las políticas de ayudas sociales aprobadas en el mismo decreto, aunque algunas ya venían recogidas en el Plan de Garantías Básicas Sociales trazado por el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, que ahora serán materializadas junto con el plan establecido por el Ministerio de Asuntos Sociales para ayudar y apoyar a las capas más vulnerables (discapacitados, ancianos sin familia, madres solteras con familia numerosa, personas con ingresos mínimos etc y las zonas geográficas del ámbito nacional que podrían quedarse aisladas por las medidas de restricción que requiere la política de contención del Covid-19 como la isla de Annobón, Corisco y los Elobeyes (Elobey Grande y Elobey Chico).
La peor parte la tiene el sector de los autónomos, que no han sido incluidos en este plan de ayuda, porque como ha explicado el Ministro de Hacienda en la rueda de prensa de esta tarde, “no están legalmente reconocidos”, de allí a su no priorización. Los taxistas, vendedores de bares o locales similares, comerciantes de los mercados, dueños de tiendas, etc, tendrán que esperar a que se ejecute la posibilidad de ampliación del decreto a otros sectores no identificados esta vez, cuya fecha se desconoce, donde se incluye curiosamente el de la educación, aunque para la tranquilidad de éstos, el ministro ha señalado que ‘habrá un paquete de medidas especiales’ a la espera de un proyecto muy bien definido en el que se considerará a los centros privados, públicos, incluso los propios estudiantes.