SEGESA ha comenzado a suspender el suministro eléctrico a distintas entidades autónomas y empresas públicas del Estado que mantienen importantes impagos acumulados, pese a que muchas de ellas disponen de partidas presupuestarias destinadas precisamente al pago de este servicio y otras simplemente dejaron de considerarlo como un gasto que deben asumir.
La medida responde a una situación que se ha prolongado durante años: instituciones que ejecutan partidas al gasto de combustible, saldo de teléfono, internet, billetes de avión, suministro de oficina; sin embargo, sin exoneración reconocida han continuado recibiendo suministro eléctrico sin abonar regularmente sus facturas, mientras SEGESA afronta bajos niveles de ingresos, una elevada carga de gastos y la necesidad de garantizar el funcionamiento y mantenimiento del sistema eléctrico nacional.
La empresa SEGESA ha venido trabajando con estas entidades enviándoles notificaciones de sus deudas y avisos durante más de tres meses sin recibir respuesta ni los pagos correspondientes.
La decisión pretende reforzar la responsabilidad en el uso de los recursos públicos y establecer un principio básico de equidad: la electricidad tiene un coste y su consumo debe pagarse. Exigir a las entidades públicas el cumplimiento de sus obligaciones contribuirá también a fortalecer financieramente a SEGESA y a mejorar la sostenibilidad del servicio que presta a toda la población.