Naciones Unidas ha reclamado una «transición rápida» en Mali, después de que la junta militar haya anunciado una prórroga de dos años de la transición abierta tras el golpe de Estado de agosto de 2020, que derrocó al entonces presidente maliense, Ibrahim Boubacar Keita.
«Creo que siempre hemos dejado claro nuestro deseo de una transición rápida», ha dicho el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, que ha agregado que el organismo trabaja con «actores regionales» para «lograr un acuerdo sobre el calendario de transición.
«Reconocemos los recientes esfuerzos de todos los actores implicados para intentar lograr un consenso que lleve al retorno a un mandato constitucional», ha manifestado Dujarric, en referencia a los últimos contactos entre las autoridades militares y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).
Por otra parte, ha abogado por prorrogar el mandato de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) y ha resaltado que «no hace falta mucha imaginación para imaginar qué pasaría en Mali si las tropas de pacificación desaparecieran de la noche a la mañana».
Así, ha recordado el «impacto» que esto tendría sobre «civiles que dependen de la protección de los ‘cascos azules’, las operaciones humanitarias y la situación de seguridad general». «Creo que el pueblo maliense, los civiles, serían las primeras y principales víctimas»; ha zanjado Dujarric.
La propia CEDEAO afirmó el miércoles que «lamenta» la decisión de la junta sobre la prórroga de la transición, aprobada por el líder golpista, Assimi Goita, y agregó que continuará sus contactos con Bamako para fijar un calendario «mutuamente aceptable».
Goita encabezó en agosto de 2020 la asonada contra Keita y lideró posteriormente un segundo golpe de Estado en mayo de 2021 contra las autoridades de transición –momento en el que derrocó al presidente y el primer ministro, Bah Ndaw y Moctar Ouane–, alzándose al poder.
La CEDEAO, que en enero impuso duras sanciones contra el país por violar su compromiso de celebrar elecciones en febrero, decidió durante el fin de semana aplazar hasta su cumbre del mes que viene posibles medidas adicionales contra Bamako. El organismo había reclamado a las autoridades que revisaran su propuesta de calendario de transición y había señalado que un periodo de entre doce y 18 meses sería aceptable.
