Más de mil personas siguen bajo arresto provisional poco más de un mes después de la gran huelga general –el «hartal»- del 9 de mayo en la que participaron más de 2.000 organizaciones sindicales para protestar por la gestión del Gobierno de Sri Lanka ante la escasez de productos básicos y combustibles.
En concreto son 1.083 los detenidos que siguen bajo custodia de las autoridades de las cerca de 2.725 personas que fueron arrestadas por las protestas de aquel día, así como en el marco de los enfrentamientos con la Policía que se produjeron en varios puntos de la isla.
La Policía ha recibido 857 denuncias por los acontecimientos violentos que se produjeron durante el último mes. Mientras tanto, otras 22 personas sospechosas de participar en ellos han sido puestas en libertad bajo fianza. En contraposición, se han arrestado en las últimas 24 horas a otras 21, de las cuales ocho han sido puestas bajo prisión preventiva, detalla el diario ceilandés ‘Daily Mirror’.
Las protestas de Sri Lanka comenzaron a principios de marzo en medio de una crisis económica que el país no ha conocido desde su independencia en 1948, marcada por subidas inasumibles en los precios del combustible, falta de acceso a los bienes de primera necesidad, cortes en el suministro eléctrico, niveles récord de inflación y una deuda externa acumulada de casi 50.000 millones de euros.
En un intento por contener las protestas, el presidente, Gotabaya Rajapaksa, presionó a su hermano y primer ministro, Mahinda Rajapaksa, para que renunciara al cargo junto al resto de su gobierno. En su lugar, ha sido colocado Ranil Wickremesinghe, otro viejo conocido de la política de Sri Lanka, que ya ocupó ese mismo puesto en cuatro ocasiones y que es visto por la oposición como una opción absolutamente continuista.
