El gobierno británico presentó el martes un plan unilateral de modificación de los controles posbrexit para tratar de presionar a la Unión Europea (UE) con vistas a una renegociación y calmar a los unionistas de Irlanda del Norte.
La ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, anunció ante la Cámara de los Comunes la «intención» del gobierno conservador de Boris Johnson «de introducir una legislación en próximas semanas para aportar cambios al protocolo» norirlandés.
«Nuestra preferencia sigue siendo una solución negociada con la UE y, paralelamente a la legislación que se introduzca, seguimos abiertos a nuevas conversaciones si podemos lograr el mismo resultado mediante un acuerdo negociado», agregó.
Pero Bruselas reaccionó advirtiendo que si el plan británico sigue adelante, «deberá responder con todas las medidas a su disposición», en palabras del vicepresidende de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, haciendo temer el inicio de una guerra comercial.
«Una acción unilateral de este tipo con respecto a un acuerdo internacionalmente vinculante es perjudicial para la confianza y sólo servirá para hacer más difícil encontrar soluciones», dijo por su parte el ministro irlandés de Relaciones Exteriores, Simon Conveny, lamentando «profundamente» la decisión de Londres.
Desde el inicio de la negociación del Brexit en 2017, proteger el precario equilibrio de fuerzas en Irlanda del Norte, histórica y culturalmente muy unida a la vecina República de Irlanda -país miembro de la UE- siempre fue el mayor escollo a superar.
Y pese a que el Reino Unido salió oficialmente del bloque en febrero de 2020 y completamente en enero de 2021, el «protocolo» vuelve ahora a provocar tensiones, no solo entre Londres y Bruselas, sino también con las instituciones autónomas regionales de Belfast.
El acuerdo de paz del Viernes Santo de 1988, que puso fin a tres décadas de sangriento conflicto entre unionistas protestantes y republicanos católicos norirlandeses, impuso que ambas partes compartan el poder en el ejecutivo regional de esta nación británica de 1,9 millones de habitantes.
Sin embargo, 12 días después de la histórica victoria del partido republicano Sinn Fein -exbrazo político del grupo armado IRA y partidario de la reunificación de Irlanda- en las legislativas regionales, el partido unionista DUP bloquea el parlamento autónomo y se niega a formar gobierno hasta que Londres no modifique el protocolo.
– Presionar a la UE –
Para evitar el retorno de una frontera física con la República de Irlanda, inaceptable para los republicanos y que podría poner en peligro la frágil paz, el protocolo impone controles aduaneros a los productos que llegan a la región procedentes del resto del Reino Unido.
Los unionistas denuncian que esto amenaza su lugar en el país. Londres, que lleva meses reclamando a la UE una renegociación en profundidad del texto, afirma que «nunca ha sugerido desecharlo» sino «reformarlo».
«La cuestión es cómo hacerlo», lanzó el primer ministro británico Boris Johnson tras reunirse el lunes en Belfast con los representantes de los cinco partidos regionales para intentar desbloquear la situación.
«Nos gustaría hacerlo de forma consensuada con nuestros amigos y socios, allanando los problemas», dijo en referencia a la UE, «pero para conseguirlo, para tener una garantía, tenemos que proceder también con una solución legislativa al mismo tiempo», subrayó.
La UE, que está dispuesta a realizar «ajustes» al protocolo pero no a renegociarlo, subraya que este fue negociado y firmado por ambas partes y que dejar de aplicarlo unilateralmente no solo sería una «inaceptable» ruptura de la confianza mutua sino una violación del derecho internacional.
Y los unionistas del DUP, aparentemente poco convencidos, seguían afirmando el lunes que no permitirán que la líder del Sin Feinn en Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, se convierta en primera ministra regional hasta que Londres pase de las palabras a los actos, aprobando la modificación legislativa, algo que podría tardar meses.
Por su parte, Estados Unidos, que fue garante del acuerdo del Viernes Santo, ha expresado su alarma ante las sugerencias de que el Reino Unido podría suprimir unilateralemente la aplicación del texto concebido para garantizar la paz.
