La jornada para destacar la situación de los periodistas y los informativos en el orbe, debería ser motivo de reflexión en el istmo ante la permanente amenaza contra esos profesionales y medios independientes, señala un artículo del diario La Prensa.
También denuncia que en la nación canalera enfrentan prácticas y políticas de información por parte del Estado que propician la opacidad sobre el uso de los fondos públicos y alimentan la impunidad de los actos de corrupción de gran escala.
El sistema procesal panameño, indica el rotativo, permite el secuestro civil como medida cautelar antes de la interposición de una demanda e, incluso, sin audiencia de la parte afectada.
Una tendencia más reciente, añade La Prensa, ha sido la utilización de normas de derecho de familia, protección de la víctima o salvaguardas contra la violencia de género para procurar la paralización de actividades periodísticas e incluso como fundamento de denuncias por supuestos delitos contra comunicadores sociales.
Sobre la opacidad en el registro del gasto público, ejemplifica que durante el inicio de la pandemia de la Covid-19, la reacción del gobierno del presidente Laurentino Cortizo fue disminuir el acceso a la información pública. Por ejemplo, cuando fue declarado bajo reserva de confidencialidad el conjunto de actas del Consejo de Gabinete.
Por su parte, la Asamblea Nacional(Parlamento) dilató la entrega de información sobre sus plantillas y contratos, a pesar de solicitudes de información y habeas data sobre el tema.
También denuncia el rotativo que la Contraloría General de la República, bajo el mando de Gerardo Solís, mantuvo su propio espacio de opacidad en las contrataciones internas sobre diversos temas.
Para La Prensa, en los últimos años no han sido solo los políticos y vinculados a posibles casos de corrupción los que han utilizado leyes obtusas y el sistema judicial para intentar acallar al periodismo.
En ese sentido refleja otros casos, entre ellos la activista ambiental Larissa Duarte, residente cercana del río Cobre en la provincia de Veraguas, quien fue demandada por 10 millones de dólares por una empresa hidroeléctrica que no pudo desarrollar su proyecto en dicho embalse.
Si la prensa libre claudica o si los periodistas se autocensuran por el miedo a las represalias, Panamá estará condenada a una era de oscurantismo, opacidad y, sobre todo, censura y manipulación de la información, concluye el diario de circulación nacional.
