«Entre los que fueron ejecutados el 12 de marzo, 41 pertenecían a la minoría chiita y habían participado en manifestaciones contra el gobierno en 2011-2012 pidiendo participar más en el proceso político, otros siete eran yemeníes y uno sirio», precisó Michelle Bachelet en un comunicado.
Bachelet subrayó que según las informaciones de que disponen sus servicios, algunos de los ejecutados fueron condenados luego de un proceso que no responde a las normas internacioinales.
En el caso de los yemeníes «las ejecuciones parecen relacionadas con la guerra en curso en Yemen», subraya la alta comisionada.
«La aplicación de la pena de muerte tras procesos no equitativos está prohibida por las legislaciones internacionales en materia de derechos humanos y del derecho humanitario y pueden ser consideradas como crímenes de guerra», indica la ex presidente de Chile.
Recuerda que la pena de muerte es incompatible con los fundamentos de los derechos humanos y que no dar informaciones a los allegados sobre las circunstancias de la ejecución puede ser considerado como tortura y malos tratos.
Las autoridades tienen también la obligación de entregar los cuerpos de los supliciados a la familia y allegados.
Bachelet expresó su preocupación por la legislación saudita que engloba «una definición muy amplia» de lo que representa el terrorismo y puede «transformar en criminales a personas que ejercen su libertad de expresión y su derecho a manifestarse pacíficamente».
Pidió al gobierno saudita poner fin a las ejecuciones, declarar una moratoria sobre el uso de la pena de muerte y a conmutar las penas de los condenados a muerte. Pide también a las autoridades cambiar su legislación sobre el terrorismo.
Según la agencia de prensa oficial, las personas ejecutadas, 73 sauditas, 7 yemeníes y un sirio, son acusadas de pertenecer a varios grupos terroristas, entre los cuales la organización yihadista Estado islámico y los rebeldes hutíes en Yemen.
La agencia dijo que los ejecutados trataron de fomentar varios ataques en el reino y subrayó que 13 jueces supervisaron los procesos.
