Por primera vez desde el inicio de la democracia en España, un expresidente del Gobierno está siendo investigado judicialmente en un caso de presunta corrupción. La Audiencia Nacional ha informado este martes que José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco de una causa sobre el supuesto blanqueo de capitales relacionado con el rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia.
El exjefe del Ejecutivo socialista (2004-2011) ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio, mientras que su oficina en Madrid y otras tres sedes mercantiles han sido registradas este martes por orden del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, quien asumió la investigación en febrero pasado.
La causa se originó en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectaron indicios de que el rescate a Plus Ultra podría haber sido utilizado para blanquear dinero procedente de la presunta corrupción venezolana. Las sospechas surgieron después de que las autoridades españolas recibieran solicitudes de información de Suiza y Francia relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero.
A finales de 2025 fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli; y Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero. Según la investigación, la consultora Análisis Relevante S.L., propiedad de Martínez Martínez y operativa desde 2020, facturaba servicios a Plus Ultra y, paralelamente, pagaba al expresidente por labores de “consultoría global”.
Plus Ultra, fundada en 2011 y con cerca de 400 empleados, operaba principalmente vuelos entre España y América Latina, especialmente hacia Venezuela, país de origen de algunos de sus accionistas. Durante la pandemia de Covid-19, el sector aéreo sufrió una grave crisis financiera y, en marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el rescate de la compañía mediante una ayuda pública de 53 millones de euros a través del fondo estatal SEPI, creado para apoyar a empresas afectadas por la pandemia. Aerolíneas de mayor tamaño, como Iberia, no recibieron ayudas similares.
Posteriormente, una comisión de investigación del Senado reveló que los informes utilizados para justificar el rescate habían sido financiados por la propia Plus Ultra. Además, la empresa Análisis Relevante cobró 460.000 euros de la aerolínea durante cinco años por realizar gestiones en Venezuela, entre ellas la obtención de combustible y permisos operativos.
Según la investigación judicial, esa misma empresa transfirió cerca de 400.000 euros a Zapatero por trabajos de consultoría relacionados con “informes geopolíticos” y otros 200.000 euros a la empresa de marketing de sus hijas por la maquetación de dichos informes. Estas operaciones alimentan la sospecha de que parte del dinero público del rescate habría pasado de Plus Ultra a Análisis Relevante y posteriormente al entorno del expresidente, quien, según los investigadores, pudo haber utilizado su influencia para facilitar la aprobación de la ayuda estatal.
Zapatero reconoció haber facturado más de 400.000 euros a Análisis Relevante por la elaboración de 15 informes de consultoría y admitió haber facilitado un acuerdo para que la empresa de sus hijas cobrara otros 200.000 euros por trabajos de maquetación. Sin embargo, negó haber trabajado directamente para Plus Ultra, haber influido en la concesión del rescate o haber cobrado por gestiones vinculadas con Venezuela.
El expresidente aseguró que elaboró “informes orales y escritos” para Análisis Relevante, aunque evitó detallar su contenido, y denunció además ser víctima de una campaña en su contra. Uno de los elementos que complica su versión es la existencia de un contrato firmado entre Plus Ultra y Julio Martínez Martínez, en el que se establecía una comisión equivalente al 1 % de los 53 millones de euros del rescate unos 530.000 euros en caso de lograr la aprobación de la ayuda gubernamental.
Tanto Martínez Martínez como Plus Ultra niegan que ese contrato llegara a ejecutarse y sostienen que se trataba únicamente de un borrador sin efectos legales. Zapatero, por su parte, afirma desconocer la existencia de ese documento.
En esta fase del proceso, el juez continúa recabando pruebas y el expresidente aún no ha sido formalmente acusado ni juzgado. Tras su declaración, el magistrado decidirá si existen indicios suficientes para avanzar hacia un juicio oral o archivar su participación en el caso.