El texto legislativo establece que determinadas actividades vinculadas al colectivo LGTB+ podrán ser sancionadas penalmente, aunque introduce excepciones para profesionales del ámbito jurídico, sanitario y de los medios de comunicación cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.
La norma contempla penas de hasta tres años de prisión para las personas que mantengan relaciones homosexuales, así como entre tres y cinco años para quienes sean considerados responsables de la “promoción, patrocinio o apoyo intencional” de actividades vinculadas al colectivo LGTB+, que engloba a lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras identidades.
La iniciativa ya había sido aprobada por unanimidad en febrero de 2024, pero no llegó a entrar en vigor tras el fin del mandato del expresidente Nana Akufo-Addo, quien no la promulgó antes de la conclusión de la legislatura, lo que obligó a su reexamen.
El nuevo texto mantiene sus disposiciones principales con ajustes puntuales tras su reapertura legislativa.
El presidente John Mahama ya había manifestado durante su campaña su apoyo a este tipo de iniciativas, lo que ahora sitúa la decisión final en el ámbito del Ejecutivo.