La congelación se impuso en 2023, tras la promulgación en Uganda de una de las leyes anti-LGBTQ+ más severas del mundo. Esta legislación incluye disposiciones que prevén la pena de muerte en casos de ciertos actos sexuales entre personas del mismo sexo, lo que provocó la condena internacional e impulsó al Banco Mundial a suspender nuevos préstamos al país. Desde que la ley entró en vigor, grupos de derechos humanos informan que cientos de ugandeses LGBTQ+ han sido desalojados de sus hogares, sometidos a violencia o arrestados debido a su identidad.
A pesar de la continua preocupación de los defensores de los derechos humanos, el Banco Mundial afirma estar preparado para reanudar la financiación. En un comunicado, el Banco indicó que ha desarrollado medidas de mitigación para garantizar que sus proyectos no perjudiquen ni discriminen a las personas LGBTQ+.
La decisión ya está siendo examinada por organizaciones de derechos humanos, que se preguntan si las salvaguardas serán suficientes para proteger a las comunidades vulnerables en el actual entorno legal de Uganda.
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