Según el partido opositor Chadema, al menos 700 personas han perdido la vida en un periodo de tres días de protestas, con cifras alarmantes que indican alrededor de 350 muertes en Dar es Salaam y más de 200 en Mwanza. John Kitoka, portavoz del Chadema, expresó su preocupación acerca del deselance social, afirmando que el número real de víctimas podría ser aún mayor, especialmente durante el toque de queda nocturno.
La presidenta Hassan, acusada de implementar una dura represión contra la disidencia, buscaba fortalecer su control político en un contexto electoral marcado por la falta de competencia. Las elecciones del 29 de octubre se convirtieron en un caos, con manifestantes saliendo a las calles en grandes números, desmantelando carteles y enfrentándose a las fuerzas del orden, lo que llevó a un apagón de internet y la imposición de un toque de queda.
La cobertura de los eventos ha sido limitada debido a la restricción de acceso para periodistas extranjeros y al bloqueo de comunicaciones que se prolonga desde el inicio de las protestas. Informes de seguridad sugieren que las muertes podrían oscilar entre 500 y 800 en todo el país, mientras que Amnistía Internacional ha documentado al menos 100 decesos.
En Zanzíbar, un popular destino turístico, el partido gobernante de Hassan proclamó su victoria en las elecciones locales, un resultado que fue rechazado por la oposición, que denuncia irregularidades graves en el proceso electoral. Un representante del partido ACT-Wazalendo declaró que la voz del pueblo había sido silenciada y exigió nuevas elecciones para restaurar la justicia.
La situación en Zanzíbar refleja una creciente preocupación entre los ciudadanos, muchos de los cuales expresan miedo a hablar abiertamente por temor a represalias. Desde que asumió el cargo tras la muerte de su predecesor en 2021, Hassan ha enfrentado una fuerte resistencia de sectores del Ejército y de aliados de su antecesor, buscando consolidar su poder en un ambiente cada vez más hostil hacia la oposición.
Los grupos de derechos humanos han denunciado una «ola de terror» en el país, con un aumento notable en los secuestros de figuras opositoras en las semanas previas a las elecciones. La ira pública también se ha centrado en el hijo de la presidenta, Abdul Halim Hafidh Ameir, señalado como uno de los responsables de la represión.
Mientras la crisis continúa, la comunidad internacional observa con preocupación la evolución de la situación en Tanzania, donde la lucha por la democracia y los derechos humanos se enfrenta a desafíos significativos.
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