Entre el estricto marco legal y las realidades sobre el terreno que a menudo se denuncian, esta práctica está ahora en el centro de un debate delicado, que mezcla seguridad, derechos fundamentales y confianza en las instituciones.
Según el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal, la detención preventiva ocurre cuando una persona, presuntamente inocente, es privada de libertad a la espera del juicio. La ley es clara: la libertad es la norma, la detención la excepción. Esta medida solo puede ser ordenada por una autoridad judicial competente y por motivos específicos, como el riesgo de fuga, la preservación de pruebas o la protección del orden público.
« En teoría, la detención preventiva está estrictamente regulada por la ley. En la fase de investigación, no puede exceder un periodo específico, generalmente fijado en seis meses, renovable una vez«, dijo Gilles Lepebe, jurista. Para el segundo caso, «si el juez instructor considera que las necesidades del orden público o la complejidad del caso lo requieren, este plazo puede extenderse. En este caso, debe remitir el asunto a la sala de acusaciones, el tribunal competente a nivel del Tribunal de Apelación, para que pueda decidir sobre la posible prórroga de la detención más allá de un año«.
Sobre el terreno, la percepción es bastante diferente. Para muchos ciudadanos, la detención preventiva a veces parece alargarse, dando la impresión de una sentencia previa al juicio. «Tenemos la impresión de que algunas personas permanecen en prisión sin saber cuándo se examinará su caso«, dice Angel Tsona, pariente de un recluso.
Los juristas reconocen la existencia de una brecha entre los textos y la práctica. «Cuando se exceden los plazos legales sin justificación clara, caemos en una situación problemática que debilita el Estado de derecho. Así, si tras 18 meses de detención preventiva no se ha tomado ninguna decisión, el tribunal está obligado a organizar su liberación«, explica Maître Lepebe.
Según él, la sobrepoblación de los tribunales y la falta de recursos contribuyen en gran medida a estos abusos. Los plazos legales deben respetarse. Si estos se superan sin una decisión judicial conforme a la ley, la persona implicada debe ser liberada automáticamente.
Esta situación podría alimentar un sentimiento de injusticia y reforzar la desconfianza hacia el sistema judicial y las fuerzas de seguridad. En la opinión pública, la detención preventiva prolongada suele percibirse como arbitraria, especialmente cuando se trata de personas de orígenes modestos poco informadas sobre sus derechos. «Cuando alguien está detenido durante meses sin juicio, ¿cómo esperas que la población confíe en el sistema judicial? pregunta un ciudadano. Esta inquietud es aún más profunda porque la detención preventiva afecta al derecho fundamental a la libertad.
Para muchos observadores, la reforma es necesaria. Esto implicaría un mejor cumplimiento de los plazos legales, un control judicial más fuerte y una información más sistemática para los ciudadanos sobre sus derechos. Los expertos legales también abogan por alternativas a la detención, como la supervisión judicial o el arresto domiciliario.
Más allá de los textos, es la práctica la que debe evolucionar. Porque si la detención preventiva pretende proteger la justicia, su mal uso corre el riesgo, a largo plazo, de debilitar la confianza de los ciudadanos en la propia institución judicial.
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