Por quinto año consecutivo, el gobierno camerunés ha decidido proporcionar una garantía sobre préstamos bancarios de empresas locales (tanto públicas como privadas) por un valor de 200.000 millones de francos CFA. Sin embargo, la ley financiera de 2026 especifica que las empresas que deseen beneficiarse de esta garantía soberana deben pagar una comisión, es decir, un 0,5% para entidades públicas y un 0,75% para el sector privado. «El pago íntegro a la tesorería pública de la comisión mencionada constituye una condición para cualquier desembolso de fondos».
Hasta ahora, la garantía soberana era casi gratuita, pero ahora se trata como un instrumento financiero que expone al Tesoro a un riesgo real, que el Estado pretende monetizar. Al exigir el pago previo de una comisión, las autoridades buscan sobre todo hacer responsables a los beneficiarios, limitar las solicitudes oportunistas y mejorar la trazabilidad de los compromisos fuera de balance. Sin embargo, no está exento de riesgos. Para algunas empresas, especialmente las pymes, este coste adicional puede aumentar el acceso al crédito y ralentizar inversiones viables.
El texto de la ley especifica que las modalidades de aplicación de estas disposiciones deben definirse mediante reglamento. Cabe recordar que en 2025 este mecanismo permitió a 3 empresas locales (LP Industrie SA, Groupe Sohaing SAS y Camas SA) beneficiarse de 27.000 millones de FCFA en préstamos de BDEAC, el banco regional de desarrollo.
Además, el techo de aprobación otorgado por el Estado a instituciones públicas y empresas para préstamos externos se mantiene en 40.000 millones de francos CFA en 2026.
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