Crisis financiera en la CEMAC: El impago del TCI de algunos Estados es la causa principal de las dificultades

La Comisión de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) anunció recientemente la suspensión temporal de sus actividades debido a una grave crisis financiera. La principal causa: varios Estados miembros no han abonado sus contribuciones, esenciales para el buen funcionamiento de la comisión.

La Comisión de la CEMAC, órgano ejecutivo de la comunidad, desempeña un papel fundamental en la aplicación de las decisiones y directrices adoptadas por la Conferencia de Jefes de Estado y el Consejo de Ministros. Integrada por seis países: Gabón, Camerún, Congo, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y Chad; la Comisión se enfrenta actualmente a dificultades.

En una circular publicada el 5 de febrero de este año, Baltasar Engonga, presidente de la comisión, alertó sobre el continuo deterioro de las finanzas de la comunidad. «La situación financiera de la comunidad es ahora más que preocupante, hasta el punto de obstaculizar el funcionamiento regular de las instituciones, incluida la comisión», afirmaba la nota de la comisión.

Ante esta alarmante situación, la Comisión de la CEMAC ha decidido suspender temporalmente todas las actividades no esenciales, incluidas las reuniones administrativas y las misiones oficiales. Esta drástica medida genera preocupación por su impacto en la integración regional y las reformas económicas en curso.

La principal fuente de financiación de la CEMAC es el Impuesto de Integración Comunitaria (IS), un gravamen del 1% sobre las importaciones de bienes procedentes de terceros países. Cada Estado miembro es responsable de recaudar este impuesto en sus fronteras antes de transferirlo a la Comisión para financiar sus operaciones y actividades. Sin embargo, según el informe de 2024 del Fondo de Desarrollo Comunitario, publicado en 2025, solo se recaudó el 20% de los ingresos fiscales, fijados en 1.000 millones de francos CFA.

Esta situación tiene graves consecuencias: la suspensión de las actividades de la comisión podría ralentizar la ejecución de proyectos de integración regional y comprometer reformas económicas vitales para el desarrollo de los Estados miembros. 

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