La operación, llevada a cabo el martes, involucró a más de 2.500 policías y militares, y se centró en la pandilla Comando Vermelho. Los enfrentamientos se extendieron por varias horas en dos comunidades de bajos recursos, lo que generó un ambiente de caos y temor entre los residentes, quienes vieron cómo los cuerpos se acumulaban en las calles.
Carlos da Silva, un líder comunitario de 44 años, describió la situación como «cobarde» y una «carnicería». «Esto solo se ve en conflictos bélicos como en Irak o Gaza. Fue como si un tsunami nos hubiera golpeado. Había cadáveres por todas partes», comentó.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado su inquietud por el derramamiento de sangre. Marta Hurtado, portavoz de Derechos Humanos de la ONU para Brasil, declaró:
«Reconocemos los retos que enfrentan al lidiar con grupos criminales violentos. Sin embargo, la larga lista de operaciones que resultan en numerosas muertes, afectando desproporcionadamente a personas de ascendencia africana, plantea serias dudas sobre la forma en que se llevan a cabo estas intervenciones. Brasil debe romper el ciclo de brutalidad extrema y asegurar que las acciones policiales se alineen con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza».
Como consecuencia de la operación, las escuelas y una universidad local en las zonas afectadas fueron cerradas, y las carreteras fueron bloqueadas con autobuses utilizados como barricadas.
Por su parte, el gobierno del estado de Río defendió la operación, argumentando que los fallecidos habían opuesto resistencia al arresto.
Esta redada se ha convertido en una de las más mortales en Brasil en los últimos años, intensificando el debate sobre la violencia policial y la lucha continua del gobierno contra el crimen organizado.
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