Pedro Sánchez ha comunicado este domingo, en la decimocuarta conferencia de presidentes, que España abrirá las fronteras con los países miembros de la Unión Europea el 21 de junio. A partir de ese día se levantará también la obligación de cuarentena para los viajeros que entren en nuestro país. Con Portugal, los controles fronterizos se normalizarán el 1 de julio, a petición del Ejecutivo luso. El pasado 4 de junio, el Gobierno rectificó a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que en un encuentro con corresponsales extranjeros afirmó que los controles con Francia y Portugal se normalizarían el 22 de junio. En una nota aclaratoria, la fecha que se fijó fue a partir del 1 de julio.
La reapertura de las fronteras comunitarias el día 21 coincide con el final del estado de alarma, que arrancó hace tres meses. Las restricciones a terceros países fuera del territorio Schengen se levantarán el 1 de julio, aunque España está pendiente de que Bruselas haga un listado conjunto. Sánchez ha expresado su preocupación por la expansión de la covid-19 en el continente americano y en países como Rusia.
El presidente del Gobierno ha recordado que envió una carta junto al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que pedían un acuerdo para la reapertura controlada de las fronteras de la UE que estuviera regulado por una serie de criterios comunes. «El resultado esta semana ha sido una clarificación del marco europeo por parte de la Comisión”, ha anunciado Sánchez. La Comisión alentó el pasado jueves “encarecidamente” a los Estados miembros a terminar con los controles fronterizos internos y permitir la libre circulación desde el 15 de junio.
El presidente del Gobierno ha explicado que durante las últimas semanas se han llevado a cabo consultas con los Estados miembros vecinos, “teniendo en cuenta la necesaria bilateralidad de las medidas a adoptar”. Como resultado de estas consultas se mantienen los controles en las fronteras interiores terrestres con Portugal hasta el 30 de junio, tal y como ha solicitado el Ejecutivo de António Costa. “Dada la estrecha relación que tenemos con nuestro querido amigo y vecino, hemos acordado celebrar un acto especial de reapertura de fronteras entre los dos países el próximo 1 de julio al que acudiré con su majestad el Rey, y el primer ministro de Portugal hará lo propio acompañando al presidente de la república”, ha señalado Sánchez en la cumbre telemática con los líderes territoriales.
Sánchez se ha mostrado esperanzado de que haya “una sorpresa positiva” y se desarrolle una vacuna contra el coronavirus este año, según fuentes presentes en la conferencia. El presidente ha indicado que los ministros de Sanidad de la UE acordaron el viernes trabajar conjuntamente bajo el paraguas de la Comisión Europea “para impulsar acuerdos con la industria que garanticen el acceso de la vacuna en condiciones de transparencia y equidad para el conjunto de ciudadanos europeos”. Sánchez ha destacado que Alemania, Francia, Italia y Holanda están desarrollando una vacuna y ha señalado que el resto de países comunitarios podrían acceder a ella en las mismas condiciones.
El Gobierno presentará este lunes un plan especial para el sector de la automoción que contará con una financiación de 3.750 millones y se ha elaborado durante las últimas semanas en colaboración con el sector. La reacción del Ejecutivo llega después de golpes tan duros y simbólicos como el de Nissan, que cerrará a fin de año su planta de Barcelona, lo que supone la pérdida de al menos 3.000 empleos directos. La Moncloa ultima además para el jueves la presentación de un plan de impulso del sector turístico diseñado también con el sector. La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha señalado que a corto plazo es necesario “un impulso de la demanda de la compra de vehículos, no solo eléctricos o híbridos, para renovar un parque automovilístico con una antigüedad demasiado elevada”. Chivite ha defendido a medio y largo plazo una apuesta por la innovación tanto en la movilidad sostenible (eléctrica, sin descartar otras opciones ) como en la movilidad autónoma (digitalización, big data, robótica).
La próxima conferencia de presidentes se celebrará a finales de julio ―las elecciones vascas y gallegas son el día 12― y será presencial. La intención de Sánchez es que sea de carácter monográfico y sirva para abordar la reconstrucción social y económica de la crisis del coronavirus “entre todos”. La reunión se ha desarrollado en un buen ambiente. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha confrontado habitualmente en este órgano con Sánchez, ha afirmado en esta ocasión que la conferencia es “una buena iniciativa del Gobierno para conocer de primera mano el trabajo de todas las regiones y mejorar el diálogo”. La rebaja del tono de la dirigente del PP coincide con la crisis de las residencias en la comunidad. Su gestión ha enturbiado aún más la relación con Ciudadanos, su socio en el Gobierno regional. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha valorado el clima de los encuentros: “Ojalá el Congreso se pareciese en algo”. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido al Ministerio de Sanidad “el trabajo realizado estos meses y, más allá de las diferencias, la fructífera cooperación mantenida”. Otro presidente del PP, el andaluz Juan Manuel Moreno, ha dedicado similares palabras al trabajo al presidente del Gobierno, a todos sus homólogos y al equipo del Ministerio de Sanidad por el esfuerzo realizado al margen de aciertos o errores. “He aprendido de todos”, ha señalado.
La nota discordante ha vuelto a ser Quim Torra. El president catalán, que ha adelantado que este lunes pedirá el avance de toda Cataluña a la fase 3, ha afirmado según fuentes presentes que las conferencias de presidentes “no han servido para un debate en profundidad sino que han sido más un monólogo”. El dirigente de Junts per Catalunya también ha reprochado “la gestión centralista” de la emergencia sanitaria. Y ha vuelto a reclamar 15.000 millones, el coste que estima del coronavirus en Cataluña. Sin embargo, un informe de la Generalitat refuta a Torra y su teoría de la “asfixia económica” durante la pandemia. El documento reconoce el adelanto de 1.117 millones de euros de la liquidación del sistema de financiación. El gasto extra del Ejecutivo catalán por la crisis en marzo y abril fue de 584 millones.
Feijóo ha abogado por ajustar la legislación sanitaria para regular la movilidad y controlar los brotes. El presidente de la Xunta ha manifestado su inquietud por lo que pueda pasar a partir del 21 de junio, cuando se abran fronteras exteriores e interiores, y ha reclamado de nuevo consensuar criterios y la respuesta a dar en un potencial rebrote. Otro barón del PP, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, ha pedido “instrumentos jurídicos intermedios”. El asturiano Adrián Barbón (PSOE) también ha advertido de que haya un rebrote una vez finalice el estado de alarma y, por tanto, finalice la restricción de la circulación por todo el país. En su intervención inicial, Sánchez ha anticipado la “preocupación” de algunas comunidades: “Con el levantamiento del estado de alarma esas restricciones ya no se pueden plantear por parte del Gobierno, utilizamos un instrumento extraordinario como es reconocido en el artículo 116 de nuestra Constitución”. El PP votó en contra de las dos últimas prórrogas del estado de alarma. En su comparecencia en La Moncloa, Sánchez ha remitido al decreto ley que regulará las medidas para combatir el coronavirus (distancia social, uso de mascarillas…). El Consejo Interterritorial de Sanidad será el principal foro donde se seguirá la evolución de la epidemia. También habrá reuniones bilaterales con las comunidades. “No rechazo que en un futuro tengamos que necesitar el estado de alarma. pero no es mi intención y espero que no sea así”, ha observado Sánchez. El presidente ha recordado la oposición del PP a la continuidad del estado de alarma. El partido de Pablo Casado votó por primera vez en contra el 20 de mayo.
Castilla-La Mancha (PSOE) y Castilla y León (PP) han pedido la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ambas comunidades se consideran perjudicadas por el cambio de criterios en el reparto del fondo de 16.000 millones no reembolsables a los territorios. Mañueco mantiene que se perjudica a los territorios menos poblados, más envejecidos y con una alta dispersión. Yo estoy hoy menos contento que como estaba al principio de cómo se han ido repartiendo los fondos, vamos cambiando los criterios en función del cupo y de cómo nos sale a cada uno la cuenta», ha afirmado Emiliano García-Page. El barón socialista ha apuntado sobre la partida de 2.000 millones para educación: “No se gastan de la misma manera en las ciudades muy pobladas que en aquellos sitios donde tenemos que mantener el servicio aunque sea para muchos menos alumnos que tienen que recorrer muchos kilómetros en poblaciones distintas”.