Eucario Bacale Angüe, actual ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa compareció ayer, a petición voluntaria, ante la Cámara de Diputados, para informar sobre algunas de las actividades e iniciativas llevadas a cabo por su cartera ministerial a lo largo del año que está por concluir. Entre ellas figura la realización del censo nacional de funcionarios, el cual anualmente realiza el ministerio para conocer el estado del personal funcionarial de la administración pública. Según los datos reportados por Bacale Angüe, a la fecha del cierre, Guinea Ecuatorial cuenta con un total de 17.205 funcionarios, de los cuales 16.161 realizaron el censo (94%), mientras que unos 973 están en paradero desconocido.
En el desglose, se refleja que actualmente unas 3160 personas gozan de contratos y en este mismo período se ha jubilado por alcanzar la edad que permite la ley de funcionarios servir a la administración.
Uno de los escollos, y que no hay constancia de su explicación, según la información emitida por el canal estatal TVGE, es el cómo y dónde cobran los total de 2098 funcionarios que la Función Pública sitúa en las categorías de E y D, o en su caso entendidos como personal subalterno, porque según la intervención del Portavoz de la Coalición Democrática, ya se extinguieron esas modalidades de funcionarios en la administración; y de allí a que reconociera en plenaria que los últimos presupuestos que adoptó esta institución legislativa, éstas categorías no figuraban en dichos presupuestos.
En otro contexto de la intervención del ministro Eucario Bacale Angüe, ha anunciado que la administración central no volverá a contratar ni a nombrar funcionarios a petición o solicitud de los mismos, sino más bien por medio de una publicación de oferta pública de empleo, teniendo en cuenta las necesidades oportunas que tenga la administración en un determinado momento. De esta manera los ciudadanos ya no podrán solicitar nombramientos como se ha hecho toda la vida. Según el miembro del gobierno, esta práctica causaba grandes irregularidades, así como cierto nepotismo en la contratación de personal funcionarial, además que no permitía que la Función Pública tenga el debido control de los funcionarios a su cargo.