AEG: Después de la realización del último censo de los funcionarios de la Administración Central del Estado, se detectó la existencia de funcionarios con ignorado paradero, de doble nombramiento, etc., ¿cuál ha sido la reacción del Ministerio de la Función Pública a respecto?
M.F.P: El último censo de funcionarios que realizamos a principios de 2019 y eso nos tomó un período cerca de un año para poder emitir el correspondiente informe, dado el hecho de que tenemos muchos funcionarios esparcidos en todo el territorio nacional y dar también ventaja a que todos puedan censarse.
Dentro del informe preliminar que elevamos al Gobierno a finales del año pasado había cerca de 2400 funcionarios que no se habían censado y en base a ello propusimos la retención de haberes de éstos desde el mes de diciembre y que culminó en el mes de marzo, lo que motivó que se presentaran. A la fecha de hoy sólo quedan alrededor de 900 funcionarios cuyo paradero desconocemos.
Después de todo este proceso, ahora vamos a proponer su separación definitiva de la administración de aquí a unas dos o tres semanas. En base a ello publicaremos una oferta de empleo de aquí a finales de año para llenar el vació que dejarán. En este mismo contexto, hemos encontrado funcionarios con doble empleo en la administración, mientras que la Ley de Funcionarios de Civiles del Estado prohíbe esta práctica, a excepción de sectores como sanidad y educación, siempre y cuándo los horarios lo permitan (deben optar a cobrar íntegramente un salario y el 50% del otro).
Otra irregularidad detectada es el pago a funcionarios ya fallecidos por medio de sus parientes, así como jubilados que seguían en las nóminas como nombrados o incluso con contratos permanentes a pesar de estar cobrando ya la pensión, los nombramientos falsos, etc., de aquí a finales de año deberemos volver a reclutar porque vamos a eliminar esas anormalidades en la administración.
AEG: ¿En este caso qué opina del sistema de reclutamiento que se ha estado llevando a cabo en la administración?
M.F.P: Realmente para nosotros es muy importante cambiar la dinámica de reclutamiento en la administración. Digo eso porque en base al análisis que hemos hecho tras los resultados del censo, vemos que la administración pública tiene una deficiencia enorme de cuadros superiores, es decir personal capacitado para realizar trabajos de análisis, estrategia, etc. El 89% de todos los funcionarios censados tiene un nivel medio en educación; es decir carecen formación universitaria (sólo el 11% tienen formación de nivel). Por eso el Gobierno tiene serias dificultades para conseguir los objetivos trazados con esta calidad de profesionales.
Queremos dejar claro que no todos los puestos requieren licenciaturas, másteres o doctorados, pero la distribución de 89% – 11% tampoco es la idónea. Hemos detectado que la causa principal de este suceso son los mecanismos de reclutamiento que se han venido utilizando (en este sistema los propios ciudadanos solicitaban los nombramientos y esto es contradictorio con nuestras propias leyes). Según la ley, en la administración pública se debe entrar bajo los principios de mérito y capacidad y de allí los reclutamientos deben ser mediante concursos. Para que se haga eso, debemos abolir la antigua manera y hacer una planificación adecuada de los recursos humanos.
Los ministerios deben reportar a la Función Pública la información de los puestos de trabajo que requieren, con las características adecuadas y nosotros a su vez publicar una oferta pública de empleo y actuar como supervisor en las pruebas que se organicen entre el ministerio solicitante y la Función Pública. La antigua manera de reclutamiento originaba que muchos de los funcionarios no tengan actividad y se abracen al entretenimiento o absentismo laboral, dado a que se les contrató sin una necesidad real de sus servicios.
Este año hemos tomado la decisión de paralizar el tema de reclutamiento para hacer este trabajo de ordenación para que a finales de este año o principios del siguiente ofertar los puestos vacantes y los que la administración crea conveniente crear para su buen funcionamiento.
AEG: En la realización de la oferta pública de empleo que a partir de la fecha dará el Ministerio de la Función Pública, ¿seguirá siendo un requisito imprescindible los años de experiencia?
M.F.P: Desde luego que sí. Dependerá del puesto de trabajo que se llegue a ofertar. No todos requieren una experiencia previa, porque los hay para los recién egresados de las escuelas y universidades que no cuentan con ninguna experiencia, pero también hay algunos que necesariamente requieren de esta experiencia para poder ejercerlos.
AEG: Muchos de los ministerios están eliminando hoy en día el personal conocido como subalterno. ¿Es un consejo de la Función Pública?
M.F.P: Históricamente hemos tenido una administración muy pequeña y además hemos seguido la administración colonial. Incluso las mozas, serenos conserjes, jardineros etc. eran funcionarios de la administración. En base a ello desde el año 2001 el gobierno tomó la decisión de traspasar estos servicios a las empresas para que absorban esta mano de obra. Éstos constituyen el personal subalterno (escalas D y E). El único grupo que reconocidamente se nos quedó fue el de las promotoras en el sector educativo y por eso se adoptó la estrategia de formarles para poder subirles de escala.
La realidad ahora es que sigue habiendo personal subalterno en los ministerios, tal y como refleja nuestro informe, y hemos solicitado que se les dé bajas, aunque no mandándoles a casa, sino que se les traspase a esas empresas de mantenimiento que prestan servicios a los ministerios.
Por otra parte, están los meritorios, quienes según la ley no son funcionarios, sino ciudadanos o estudiantes en un período de prácticas. El período máximo de su estancia es de tres meses y debidamente se les debe extender el correspondiente certificado de haber realizado las prácticas en un determinado ministerio. Pero ahora se da la realidad de que muchos de los ministerios han retenido por mucho más tiempo a éstos (años), y de allí a que de alguna que otra manera se les tena que pagar, lo que refleja claramente indicios de corrupción.
Eso también es una consecuencia de las debilidades en el proceso de reclutamiento porque de tener un sistema objetivo, esa gente se hubiera incorporado en la administración por medio de los concursos. Pero como el sistema ha sido opaco, se ha generado listas de forma arbitraria, donde se ha nombrado a los que ni siquiera ya ejercían como tal. Ahora por cuestión de legalidad estos trabajadores ya tienen derecho a estos trabajos e iremos viendo cómo tratar estos casos de forma particular.
En la misma línea se encuentra el personal eventual, quienes la ley permite que puedan ser contratados por la administración con un período no superior a los doce meses. No son funcionarios, sino un empleado público con contrato administrativo.
Cuando hicimos el censo, encontramos que teníamos a más de 4.000 contratados, cuyos contratos caducaban en un año y llevan décadas trabajando en estas condiciones. La culpa no es de ellos sino de la propia administración porque este tipo de contratos no son permanentes, y si el trabajo lo requiriese, se debería cambiar a este empleado de estatus. En base a ello yo propuse al gobierno regularizar su situación (el año pasado nombramos a 3.160 contratados y nos quedan cerca de 700 en esta situación porque no se habían censado, pero ahora lo han hecho).
AEG: ¿La erradicación de estas irregularidades que ha hecho mención, constituyen para usted un reto y principal objetivo al frente de la Función Pública?
M.F.P: La respuesta es sí. Porque el Estado para conseguir sus objetivos que son el bienestar del ciudadano necesita dos tipos de recursos (económicos y humanos). Hoy mi responsabilidad es la de recursos humanos y en gran parte, de mí depende que la consecución del ambicioso plan que el Estado ha trazado hacia el Horizonte 2035 pueda ser efectiva. Tenemos que solucionar el problema de los recursos humanos con las cantidades, habilidades necesarias y con la predisposición de rendimiento necesario. Eso empieza con arreglar el problema de: ¿a quién reclutamos?, ¿por qué? y ¿para qué reclutamos?
Debemos hacer la planificación necesaria con una ordenación adecuada de los recursos humanos. Son ahora el mayor reto, no sólo para mí, sino también para el propio Estado para la consecución de sus objetivos.
El mensaje que trasmito a los ciudadanos es que en un trabajo como éste siempre vamos a lesionar de alguna manera los intereses de unas personas, pero que de ningún modo es un tema personal del ministro ni nadie, sino de legalidad. Si uno trabajaba de manera irregular y se le descubre, debe comprender que no está en el camino adecuado; pero si también constituye una víctima del mismo hecho se puede tratar y resolver la situación de una manera pacífica, por lo que pedimos comprensión y calma a los ciudadanos sobre nuestra labor.
