Carmelo Nvono Ncá, Jefe de la Misión Diplomática ecuatoguineana ante la Unión Europea, se sentó con el director de la Asociación de Juristas de Iberoamérica, Andrés guerrero, para conocer las intenciones y requisitos pendientes para que esta institución internacional pueda ratificar a Guinea Ecuatorial como miembro de pleno derecho.
El pasado mes de agosto Nvono Ncá ya firmó un preacuerdo con la organización, en el cual ambas partes rubricaron el deseo de que nuestro país forme parte y la predisposición de la asociación en concedérselo. En base a estas buenas intenciones mutuas, en el encuentro de este 1 de octubre se abordó sobre la hoja de ruta adoptar desde este momento para que las negociaciones puedan llegar a buen puerto.
Aunque no hay constancia del programa a llevar entre ambas partes, se presume que el obstáculo que impide la materialización definitiva de la adhesión de Guinea Ecuatorial a la Asociación de Juristas Iberoamericanos depende en gran medida de la evolución de la situación de la alerta sanitaria mundial por el Covid-19.
El objetivo de esta asociación internacional es la búsqueda, el estudio, la promoción y el fomento de la “Integración Iberoamericana”, tanto a nivel nacional como internacional, en cualquier sector directa o indirectamente relacionado con el mundo del derecho, por parte de juristas, nacionales e internacionales, comprendiendo la expresión “juristas” a todas aquellas personas, físicas y jurídicas, que estudian o profesan la ciencia del derecho, con relevante capacidad y aplicación, tales como, por ejemplo, abogados, notarios, fiscales, jueces y magistrados, procuradores, catedráticos, jurisprudentes y otros, y sin requisito de que necesariamente formen parte de un Colegio, Agrupación o Asociación, o de cualquier otra entidad, pública o privada.
Y todo ello con un propósito de concertación y cooperación en el ámbito de sus competencias, sustentado en el diálogo, la solidaridad y la adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento de la ciencia del derecho, del poder legislativo y del poder judicial, y, por extensión, del sistema democrático, mediante la reafirmación de postulados compartidos que aseguren una administración de justicia y un ejercicio profesional independientes e imparciales, accesibles al ciudadano, una administración de justicia eficaz, eficiente, pronta y equitativa, que garantice los derechos humanos y el respeto a la seguridad jurídica en toda la Comunidad Iberoamericana.