Se trata de una situación de extrema gravedad que pone en tela de juicio la voluntad política de las autoridades francesas de respetar los convenios de protección recíproca de inversiones públicas y privadas de ambos países, la cual data desde el año 1982. Según observadores panafricanistas e internacionales, Guinea Ecuatorial está siendo víctima de un trato discriminatorio con respecto a otros países africanos y al resto del mundo, propietarios de un inmenso patrimonio de procedencia dudosa en Francia.
Tras la publicación del fallo de la Corte de Casación, el Consejo Universitario de Expertos Panafricanistas en Francia, «CUEPA», ha puesto en marcha una manifestación pacífica cerca de la cancillería ecuatoguineana en París. Durante algo más de una hora, los panafricanistas han ofrecido apoyo y solidaridad al gobierno y pueblo ecuatoguineano con pancartas y un mensaje claro: Justicia Imparcial.
Acabada la manifestación, el Embajador de la República de Guinea Ecuatorial en Francia y Mónaco, Miguel Oyono Ndong Mifumu, ha recibido en su despacho oficial a los manifestantes. El jefe de la diplomacia ecuatoguineana ha expresado gratitud a la CUEPA por su apoyo al pueblo de Guinea Ecuatorial y ha recibido de las manos del Presidente del Consejo Universitario de Expertos Panafricanistas, Pascal Adjamagbo, el manifiesto de repulsa al veredicto de la Corte de Casación.
Por su parte Teodoro Nguema Obiang Mangue, ha respondido a Francia con una publicación en su perfil de Twiter que dice: “si la sentencia de la Corte de Casación de París es la confiscación del inmueble de la Avenida Forch N°42 de París, Guinea Ecuatorial se reserva la reciprocidad de esa decisión (cierre de la embajada)”.
Ayer jueves, el ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Guinea Ecuatorial, emitió un comunicado de rechazo y repulsa contra la sentencia interpuesta por la Corte Penal Internacional y confirmada por Francia el pasado 28 de Julio. En el comunicado resalta las siguientes aclaraciones:
- La República de Guinea Ecuatorial ha venido sosteniendo que los órganos jurisdiccionales de la República Francesa no son competentes para juzgar los supuestos hechos ocurridos en la República de Guinea Ecuatorial, ni mucho menos, competentes para juzgar al Vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial.
- La Justicia francesa desarrolla una relación de superioridad del Estado francés sobre el Estado de Guinea Ecuatorial y ello, en violación manifiesta de los principios de la igualdad soberana y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, garantizados por la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional General.
- Que la legislación aplicable en la República Francesa, no lo puede ser en el territorio de la República de Guinea Ecuatorial por el principio de territorialidad en derecho.
- La República de Guinea Ecuatorial utilizará los medios que ofrece el Derecho Internacional, como el Comité Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defenderse, por entender que se está violando un derecho fundamental, el derecho a un juicio justo.
- El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial hace saber al Gobierno francés y a la Comunidad Internacional que, si la consecuencia que debe extraerse de la confirmación de la Sentencia del Tribunal de Apelación por la Corte de Casación de París es la confiscación y puesta en venta del inmueble propiedad del Estado ecuatoguineano sito en la avenida Foch, número 42 de París, se reserva la reciprocidad de tales hechos, por violar el ordenamiento jurídico internacional y el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los dos Estados, suscrito el 3 de marzo de 1982 en París.
En el mismo, la diplomacia ecuatoguineana exige al Gobierno francés que pare con este tipo de actuaciones contra la República de Guinea Ecuatorial, ya que violan la paz y son contrarias al derecho internacional, instándole a encontrar una solución urgente a este tipo de hechos.