El estudio de este proyecto se inició en las sesiones parlamentarias pasadas. Resalta en su preámbulo las mejoras que ha desarrollado el país en materia de electricidad, a la vez que destaca la necesidad de regular y renovar las tarifas para que este servicio sea accesible a toda la población.
En las disposiciones del proyecto a aprobar se tienen en cuenta la configuración del sistema eléctrico en Guinea Ecuatorial, la demanda de los abonados, la necesidad de financiar nuevas infraestructuras eléctricas y la de mantener las existentes.
Para la baja tensión, la delegación de industria y energía propone las siguientes tarifas:
De 1 a 100 kW, 1.500 francos CFA
De 101 a 200 kW, 6.000 francos CFA
De 201 a 300 kW, 60 francos CFA por cada kWh.
De 301 a 500 kW, 70 francos CFA por cada kWh.
De 501 a 2.500 kW, 90 francos CFA por cada kWh.
De 2.501 a 5.000 kW, 85 francos CFA por cada kWh.
De 5.001 a 25.000 kW, 80 francos CFA por cada kWh.
Más de 25.000 kW, 60 francos CFA por cada kWh.
En las sesiones anteriores, se designó una comisión para verificar si estas tarifas mencionadas beneficiarían a la población y hacer un estudio comparativo con los costes en otros países de la subregión. El pasado martes, esta comisión planteó revisar las propuestas del Gobierno en el consumo de hogares ya que consideran que la tasa de morosidad que se registra en SEGESA se debe al elevado coste de las tarifas del kWh.
La comisión de industria ha aclarado que han tenido en cuenta todo el marco social, político y económico relativo a este tema y ha insistido en que se mantenga el cuadro de tarifas que acompañan al proyecto de ley para la sostenibilidad del sector.
En relación con el consumo interno, la delegación del Gobierno ha asegurado que se pretende abolir este concepto y descontar de las nóminas del personal de SEGESA las facturas que se beneficia de este servicio.
Los diputados han formulado recomendaciones para mejorar los procedimientos de facturación de electricidad y para lograr un mayor equilibrio en los precios que permitan a SEGESA hacer frente a los gastos del pago del personal y el mantenimiento de las infraestructuras eléctricas.
Finalmente, la delegación del Gobierno ha aceptado analizar las propuestas de la comisión ad hoc para llegar a un consenso en los pagos de electricidad antes de que se presente las conclusiones al pleno.