La Comisión Permanente de Constitución y Régimen de las Instituciones del Estado analiza desde ayer lunes el Proyecto de Ley Reguladora de las Entidades Públicas en la República de Guinea Ecuatorial. Con este instrumento jurídico el Gobierno pretende dotar a la Función Pública de un conjunto de normas jurídicas que tienen como finalidad reglamentar su actividad y establecer las relaciones que hacen referencia a la Administración.
La Comisión Permanente de Constitución y Régimen de las Instituciones del Estado que preside Teresa Efua Asangono, asistida por el vicepresidente segundo, Agustín Nze Nfumu, ha estrenado esta jornada el hemiciclo con la presentación de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley Reguladora de las Entidades Públicas en la República de Guinea Ecuatorial, cuyos debates han servido para que los senadores adecuaran todos los aspectos de carácter gramatical y semántico que se considerasen incorrectos.
Precisamente antes de las deliberaciones de los legisladores se procedió a la lectura de las enmiendas propuestas por el senador Jaime Elá Ndong Nzang sobre el concepto de entidad pública, algunos puntos de la exposición de motivos y de las disposiciones generales, recogidos en esta herramienta jurídica, así como a la lectura del mismo texto, cuyo articulado ha sido revisado detenidamente por los parlamentarios, miembros de la comisión, quienes durante el estudio del Proyecto de Ley Reguladora de Entidades Públicas irán identificando los conceptos que no guardan relación exclusiva con la pieza jurídica en cuestión. En este sentido, los senadores han creído oportuno crear una comisión ad hoc que se encargaría de reformular los aspectos incomprensibles observados en el documento.
Además de las tareas de reformulación asignadas a la comisión ad hoc para los efectos de mejor coordinación y justificación del Proyecto de Ley Reguladora de las Entidades Públicas en la República de Guinea Ecuatorial, los legisladores miembros de la Comisión Permanente de Constitución y Régimen de las Instituciones del Estado han acordado convocar a la Delegación Sectorial de la Función Pública y Reforma Administrativa para defender dicho instrumento jurídico.