Ayer en el la Cámara de los Diputados, la Comisión Parlamentaria de Economía, Comercio, Hacienda y Presupuestos y una Delegación del Gobierno prosiguieron con los trabajos de análisis de los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio económico 2023.
Entre los temas pendientes de reformulación, se han destacado las ventajas arancelarias que se pretende conceder en el pago de derecho de aduana a algunos productos producidos en el país. En las próximas sesiones, se debe completar la propuesta concretizando cuáles serán los productos que se incluirán en esta ventaja tributaria.
En cuanto a la justificación de los ingresos de las entidades autónomas y empresas de participación del Estado, se ha dejado pendiente para otra sesión la periodicidad de rendición de cuentas de estos organismos al departamento de Hacienda.
En la Cámara de los Diputados se han adoptado las propuestas de emisiones de bonos y obligaciones del tesoro del Estado, distribución de créditos por misiones, así como la distribución de subsidio de transmisión de transferencias para la financiación de operaciones corrientes.
Una de las dudas que han surgido en el grupo parlamentario ha sido la razón por la cual hasta el momento el Estado concede subvenciones a empresas de carácter lucrativo como Sonagas, a lo que los representantes gubernamentales han justificado que se debe que sus ingresos se revierten directamente al tesoro público. Empresas como Sonagas, podrían con las subvenciones hacer frente a sus gastos corrientes.
Además de las asignaciones globales, figura en el informe preliminar de los presupuestos generales del Estado 2023, habilitar un crédito en complemento de destino a los funcionarios de los departamentos de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes, Sanidad y Bienestar Social, así como funcionarios de aviación destinados en Annobón, Mongomeyen y Corisco para dotar a estos departamentos de recursos cualificados.
Entre otros asuntos, en esta sesión se han adoptado también los viajes y misiones oficiales, así como la transferencia de créditos a los poderes del Estado, órganos constitucionales y departamentos ministeriales, así como las diferentes partidas presupuestarias de las inversiones públicas.