Tras dos jornadas de análisis de los Presupuestos Generales del Estado para los organismos autónomos y las empresas públicas del Estado en la Cámara de los Diputados, ayer se han concluido con las decisiones adoptadas en esta asamblea con respecto a estos órganos.
Durante este cierre, los diputados han matizado aspectos que deben incluir las directivas de estas instituciones para contribuir en el desarrollo del país y las inquietudes que tenían respecto a los servicios que ya deberían estar garantizados a la población.
Al Instituto de Seguridad Social se les ha insistido en que los asegurados deben beneficiarse de las prestaciones que por derecho les corresponde, que los jubilados perciban a tiempo sus pensiones y que desarrollen campañas para información a la población sobre sus servicios.
Para las empresas de servicios de telecomunicaciones han insistido en que deben mejorar la calidad de sus servicios, reparar las deficiencias de la cobertura telefónica que todavía experimentan algunas zonas del país y reducir los costes de las telecomunicaciones para que estos sean homologables con las tarifas de los países de vecinos.
Los diputados han puesto igualmente, la mirada en las urbanizaciones en las que se constata falta de mantenimiento, insistiendo en que Obras Públicas y ENPIGE deben determinar las empresas encargadas de la conservación de estas zonas residenciales.
Al Centro Médico La Paz se le ha reiterado la obligación que tienen con los pacientes de atenderlos cuando lleguen a sus instalaciones en situaciones críticas antes de exigirles el pago de sus tratamientos. La directiva respondió que ha puesto en funcionamiento un servicio de orientación a los pacientes para evitar estas situaciones. El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas ha tenido también su apartado en el que se ha cuestionado el papel que han desempeñado durante la lucha contra la Covid-19.
Los representantes del pueblo han cuestionado igualmente, el nivel de ejecución del proyecto de expedición de pasaportes en las misiones diplomáticas de Guinea Ecuatorial en el exterior y las acciones emprendidas en el sector de la aviación civil para sacar al país en la lista negra de la Unión Europea.