Ayer martes, comenzó en la Cámara de los Diputados el análisis del proyecto de ley elaborado por el Gobierno para establecer un sistema público de protección social en Guinea Ecuatorial, en unas sesiones que se desarrollan en el seno de la Comisión Parlamentaria de Justicia y Derechos Humanos, bajo la moderación del presidente, Gaudencio Mohaba Mesu.
El Sistema de Protección Social es el conjunto de políticas y acciones del Estado destinadas a mejorar el bienestar individual y social, la reducción o eliminación de la vulnerabilidad social y sus factores, la reducción de los índices de pobreza y los niveles de marginalidad, vulnerabilidad y exclusión, mediante acciones que tiendan a mejorar la capacidad de las personas para participar, contribuir y beneficiarse del clima económico, social, cultural y político de sus comunidades.
Se considera que están en situación de vulnerabilidad aquellas personas que, por su situación o condición social, económica, educativa o de discapacidad, se encuentren en desventaja o requieran de una intervención pública especial para su desenvolvimiento y desarrollo, mientras que se entiende como pobreza la falta de recursos básicos imprescindibles para el normal desarrollo económico, social y cultural de un ser humano.
Con ese proyecto de ley, presentado por la ministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Género, Consuelo Nguema Oyana, el Gobierno pretende crear un sistema público de protección social, de carácter universal, para contribuir a la disminución de la desigualdad, la reducción sostenida de la pobreza y la mejora de la capacidad productiva de la sociedad en todos sus ámbitos, con el fin de que toda persona goce del derecho a una mejora continua y progresiva de su nivel de vida.
El Ejecutivo también pretende contribuir a la disminución progresiva de las desigualdades de género para avanzar hacia una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, contribuir a la reducción de las brechas de desigualdad entre los habitantes de las zonas rurales y urbanas. Combatir toda causa o forma de discriminación y exclusión social, promoviendo la igualdad de oportunidades, para el desarrollo de la persona, estableciendo políticas para un logro creciente de la equidad social y garantizando a la población una protección social amplia, segura y suficiente, desde una perspectiva de derechos, especialmente a la población en condiciones más vulnerables, en condiciones de pobreza, exclusión o desigualdad social.
En caso de ser aprobada, la futura disposición se aplicaría a toda la población residente expuesta a los factores que puedan conducir a la pobreza, vulnerabilidad, exclusión y discriminación, priorizando la infancia, los jóvenes desempleados, las madres solteras, las mujeres, las personas de tercera edad, las personas con discapacidad o en estado de abandono y todas aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social.
La implementación de las políticas sociales enmarcadas en el sistema de protección social se hará sobre la base de programas específicos, que serán diseñados de forma coordinada, por los diferentes departamentos ministeriales con competencia en el tema social de que se trate. Y el Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género propondrá al Gobierno una serie de criterios para la identificación de los factores de pobreza y la vulnerabilidad, así como las medidas que impliquen políticas activas de prevención y lucha contra esos factores.
En sus primeras valoraciones sobre ese proyecto de ley, los diputados han felicitado al Gobierno por esa iniciativa legislativa, que vendrá a ayudar a las capas sociales más vulnerables. Pero algunos han planteado la necesidad de que se estudie la manera de implementar las prestaciones no contributivas, sobre todo, en lo que se refiere a la asistencia médico-farmacéutica, a favor de las personas que no han podido o no podrán cotizar a la seguridad social, con el fin de evitar la exclusión social.
Los diputados también querían saber si, en la elaboración de ese proyecto de ley, se ha involucrado a las propias capas sociales vulnerables y a las corporaciones locales. Querían conocer la forma en que se va a saber que una persona es realmente pobre y que no está fingiendo ser vulnerable y querían conocer el papel que desempañarán las Organizaciones No Gubernamentales y las asociaciones humanitarias en la implementación de ese Sistema de Protección Social.
Todas esas cuestiones han sido aclaradas por la delegación del Gobierno, asegurando que el Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género ya viene trabajando para identificar a los grupos sociales más vulnerables en el país, con el establecimiento de los indicadores de pobreza, vulnerabilidad o exclusión y se prevé la creación de un Instituto de Protección Social, como un organismo autónomo, que se encargará de esas cuestiones.
Después de las consideraciones generales, se ha analizado el preámbulo de ese proyecto de disposición, que hace referencia a la Ley Fundamental del país, la cual establece, como valores supremos del Estado, la protección y salvaguarda de los derechos sociales y la promoción de políticas activas de inclusión social de la persona y la familia, para el fortalecimiento de la cohesión social.
La Constitución ecuatoguineana recoge igualmente el acatamiento, por el Estado, de los principios del Derecho Internacional y la reafirmación de su adhesión a los derechos y obligaciones que emanan de las Organizaciones y Organismos Internacionales a los que se ha adherido. Por eso, el Gobierno ha adoptado la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ha establecido una política de protección social, en el marco de la estrategia nacional de desarrollo, que recoge la erradicación de la extrema pobreza y el hambre, así como la mejora de las condiciones de vida de las capas sociales más vulnerables.
Después de varias deliberaciones, el preámbulo ha quedado pendiente de reformulación, porque los diputados quieren que se mencione, en el mismo, las acciones que ya viene implementando el Gobierno en materia de protección social y una comisión ad hoc ha sido designada para dicha reformulación.
Seguidamente, han sido adoptados los artículos relativos al objeto y ámbito de aplicación de ese proyecto de ley, los conceptos, los objetivos, la estructura y los principios de actuación de la protección social.