El primer caso en esta cuarta jornada de juicios orales y públicos en el seno de la Corte Suprema de Justicia ecuatoguineana fue el de CCEI Bank. El letrado Placido Owono Ndong, representado por la entidad bancaria CCEI Bank, recure en casación ante esta corte alegando actuación improcedente del juzgado de instrucción que archivó el caso mediante auto sin notificar a su cliente.
El banco suspendió a sus empleados por encontrar responsabilidad en ellos, forjando un reintegro de 141 millón de FCFA en la cuenta de un cliente sin previa autorización, explicaba el letrado. Y, para depurar responsabilidades «el banco interpuso la acción penal, el banco en ningún momento despidió a sus empleados, el banco suspendió el contrato a sus empleados y en legal forma».
Los letrados del gabinete jurídico Global Expansión, en representación de los empleados de CCEI Bank supuestamente suspendidos, sostienen la nulidad del escrito practicado contra sus clientes, afirmando que sus mandantes no fueron suspendidos en legal forma como lo afirma la contraparte. «Nuestros mandantes solicitaron su reincorporación y la empresa no les responde ni les permite el acceso a las oficinas, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que la empresa ha decidido rescindir sus contratos».
Otro supuesto caso de despido improcedente proveniente esta vez de la entidad bancaria Société Générale, el letrado recurrente, Rafael Nze, considera que la sentencia objeto de su recurso no está ajustada a derecho, para ello «ante la sala suplico que dicte sentencia estimando íntegramente nuestro recurso de casación calificando procedente el despido contra la recluida con expresa condena en costas a la parte recurrida por su mala fe».
La parte recurrida al contrario ratifica integridad el escrito de impugnación que interpuso contra el recurso del contrario, dejando claro a la mesa que «la cuestión de fondo que tratamos en estos autos es el procedimiento llevado a cabo por Société Générale en el momento de despedir a nuestra representada», señala el letrado Cándido Abaga Eka.
Finalmente, el último recurso que tenía como parte recurrida al letrado de la firma K5 señala estar ante un claro caso de estafa procesal por considerar que la contraparte no quiere cumplir con los preceptos formales para la presentación de los recursos y con eso confundieron al tribunal «es todo simple y llanamente falta de diligencia de la contraparte. La falta de diligencia de la contraparte ¿es imputable a quién? ¿a mi mandante, al tribunal?», aboga el letrado Cosby Manuel Oliveira.
La parte recurrida, sin embargo, considera que la doctrina jurisprudencial es aquella que llena la doctrina de la ley, para ello, ante la falta de claridad de los salarios de sus mandantes suplica a la sala «que se case la sentencia recurrida y en consecuencia se reconozca a mis mandantes los derechos labores adquiridos».
En esta cuarta jornada de juicios, en la Corte Suprema de Justicia, fueron vistos cuatro casos resaltando la incomparecencia injustificada del letrado recurrente, Hortulano Mba Mifumu.