Ruslan Obiang Nsue, quien hasta el 17 de enero era el director general adjunto de Ceiba encargado de Ceiba Aeropuertos, ha emitido un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para contar “su verdad” sobre el caso de la aeronave ATR72-500- de la compañía nacional Ceiba.
En el documento, Obiang Nsue comienza diciendo que se han arrojado graves acusaciones hacia su persona, las cuales se difieren de la realidad y señala que «es imprescindible que la verdad de este asunto sea conocida». El ex director adjunto de Ceiba señala que siempre ha sido su obligación salvaguardar los intereses del país y en su momento de la Compañía Ceiba Intercontinental, por lo que se vio en la necesidad de tomar las decisiones detalladas a continuación con total transparencia.
Según informa, el 1 de junio de 2012, Bienvenido Esono Engonga, en representación de Ceiba Intercontinental, suscribió un contrato para el mantenimiento mayor de Aeronaves ATR72/42, en ese momento propiedad del Gobierno de Guinea Ecuatorial, a pesar de que en el contrato se dice que son de Ceiba y habiendo sido revisado por Sergio Abeso Tomo, del que también figura su visto bueno.
Las aeronaves pasaron, en ese mismo año, a ser propiedad de Ceiba Intercontinental, y por tanto dejaron de estar adscritas al Gobierno de Guinea Ecuatorial, por escrito de la Presidencia de la República N.º 297, de 26 de enero de 2015, por el que se ordena el traspaso de las aeronaves a la Compañía Ceiba intercontinental GE, S.A. El acta de ejecución de este mandato donde de forma específica constan los aviones quedó anexa al acta del Consejo de Administración de la compañía que se elevó a público por Fernando Engonga Obama, notario de Malabo, el 22 de noviembre de 2017, bajo el número 4.943 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Malabo.
Obiang Nsue asegura que, en el día 25 de mayo de 2016, antes de que fuera designado como director general adjunto de Ceiba Intercontinental, el avión ATR7212, matrícula LLI, fue enviado al aeropuerto de Gran Canaria, en Telde (Las Palmas), sin que en ese momento existiese una avería de la aeronave o una revisión pendiente.
En ese momento, según el ex director adjunto de Ceiba, la deuda que la empresa mantenía con Binter por servicios de mantenimiento anteriores a esa fecha ascendía en ese momento a 2.678.392,06€, pese a que en el contrato se dice claramente que puede haber retrasos en el pago.
Desde su aterrizaje, hasta el 28 de julio de 2016, la aeronave se mantuvo en la pista con labores básicas de mantenimiento dado que Ceiba Intercontinental no pagaba su deuda, ni tampoco se daba ninguna explicación de por qué la aeronave había sido llevada hasta allí.
El 14 de junio de 2016, los motores de la aeronave son desmontados para remitirse al fabricante dado que debía ser objeto de mantenimiento.
La falta de pago a Pratt & Whitney provoca que los motores no regresen a Las Palmas, y dificulta seriamente la preservación de la aeronave.
«El 1 de julio de 2016, los señores Patrice Kabore y Rita Mueda son informados por Binter, de que siguiendo sus propias instrucciones el avión LLI ha sido canibalizado para poder sacar adelante la inspección del avión con matrícula LLH. El 13 de enero de 2017, el Sr. Pablo Alves escribe literalmente a Binter que “la alta Administración de Ceiba” está conforme en la canibalización del avión en beneficio de la aeronave LLH, por lo que también las ventanillas del avión son retiradas».
Obiang Nsue asegura en su comunicado que el deterioro obviamente de la aeronave se incrementa de una forma exponencial, ya que se suceden las órdenes desde Ceiba Intercontinental a Binter para que se vaya desmantelando la aeronave progresivamente, lo que conlleva el consumo de las horas de ingeniería que en un principio debían destinarse al mantenimiento de la aeronave a esa canibalización.
Después de un intenso debate con Binter, al que Ceiba Intercontinental intenta hacer responsable del deterioro de la aeronave por desconocimiento de las órdenes de su propio equipo de ingenieros, el 5 de agosto de 2019, se ordena desde la Presidencia de la compañía que una comisión mixta con técnicos de la empresa Aeromec y de Ceiba Intercontinental se dirija de nuevo a Canarias para valorar in situ las posibles soluciones al problema.
El 28 de octubre de 2019, se emite un informe por esta comisión en el que queda clara la responsabilidad de Ceiba Intercontinental, de acuerdo con el devenir de los acontecimientos probado por los e-mails, los partes de trabajo y los informes de los diferentes ingenieros que han revisado la aeronave.
Esta información es trasladada al Consejo de Administración, que en su reunión recibe un mapa de decisión con las diferentes opciones que urge adoptar, dado el elevado coste de mantener la aeronave en el aeropuerto.
En concreto, el documento plantea:
- Reparar la aeronave cuyo coste sin mano de obra ascendía a 4.395.300$.
- Vender la aeronave y negociar que la empresa adquirente encargase de su desguace.
En el año 2020, la empresa recibe una notificación del servicio mercantil la cual arroja una deuda con proveedores de 866.196,14€, sin contar la deuda acumulada con la administración, ni con los trabajadores, quienes habían sido abandonados, literalmente a su suerte en España, deuda que la compañía decidió no pagar tampoco pagaron a la Administración española, ni a la Seguridad Social, ni a la Administración Tributaria.
En el comunicado, Ruslan Obiang Nsue asegura que «era cuestión de tiempo, que las noticias se hicieran eco de que la primera sucursal constituida legalmente en España, de una empresa pública ecuatoguineana, estaba defraudando a la Administración española».
Por lo que, siendo él la única persona con capacidad para firmar por la sociedad, dado que los directores generales posteriores a él, no se habían preocupado por inscribir su cargo en los Registros Mercantiles competentes, de Guinea Ecuatorial y España, se vio en la obligación y responsabilidad de autorizar el desmantelamiento de la aeronave a cambio de 250.000€ que utilizó en el pago a AENA, de lo que se encargó Binter directamente y del resto de proveedores, en especial aquellos que ya habían iniciado acciones judiciales contra la empresa y que tenían un título de ejecución contra la misma.
Asegura que no se arrepiente de ninguna de las decisiones tomadas durante sus funciones como director general adjunto afirmando que lo hizo «en conciencia y con responsabilidad de Estado».
Obiang Nsue continúa señalando que toda la documentación ha sido toda puesta a disposición de las personas que la han solicitado, asegura que es inocente y está tranquilo porque sabe que la justicia le dará la razón.
«Exijo que cese esta campaña de desprestigio contra mi persona, porque entiendo que esta persecución es cínica y sólo puede provocar un mayor daño a la imagen de nuestro país si sigue la escalada de desacreditaciones, pues, o ya he dicho, yo siempre he tenido a bien guardar muy bien todos los documentos de los que he tenido conocimiento, tanto los que demuestran mi inocencia, como aquellos que pueden demostrar la culpabilidad de muchos otros. Pero repito que sólo eso servirá para alimentar la prensa europea ávida de poder seguir difundiendo noticias negativas de nuestro país, de las que yo al menos siempre he intentado preservar mediante una actitud discreta y comedida».