El primer expediente analizado fue el de la queja presentada por un grupo de extrabajadores de la empresa Noble Energy, quienes exigen las liquidaciones de las horas extras, calculadas por la magistratura de trabajo en más de 325 millones de francos CFA.
En este expediente obran varios pronunciamientos judiciales a favor de los demandantes, pero el letrado de la firma presentó varios recursos, además de manifestar que el grupo de exempleados fue contratado por la firma Sonavi, como contratista de Noble Energy; lo que crea que esta responsabilidad le corresponda a la agencia de vigilancia.
La abogada de la parte demandante, por su parte, declaró que fue Noble Energy el encargado de liquidar a sus defendidos ya que, después de que seis de sus reclutamientos pasaran a formar parte de la empresa automáticamente.
Para mediar en este conflicto, se ha designado una comisión ad hoc. Por otra parte, la comisión ha vuelto a tratar el caso de María Salome Abeme Ndong, que reclama una liquidación al supermercado Rial, donde trabajó durante 6 años y fue despedida por reducción del personal en 2018.
La demandante tiene a su favor una sentencia de la magistratura de trabajo, que condenó a la firma a pagarla más de 22 millones, en concepto de liquidación. Una sentencia que la empresa no acata.
Se ha sabido que el supermercado despidió a varios trabajadores entre los que se encontraba la afectada y tras su despedido, la magistratura calculó las liquidaciones en 118 millones de francos.
Después de las intervenciones de los letrados de ambas partes, el vicepresidente de la Cámara Baja ha decidido componer una comisión para mediar entre el pleito.
Continuando con los expedientes, Carina Andeme Ncogo, en compañía de su letrado, exige a la empresa Kitea que la compre otro vehículo o que pague el contravalor, después de que su coche fuera destrozado en un accidente de circulación en que resultó culpable el conductor de la firma.
El representante de Kitea ha alegado que los directivos no tenían conocimiento de la reclamación, además de manifestar su predisposición para llegar a un acuerdo. Para alcanzar este objetivo se ha designado una comisión ad hoc.
Por otro lado, la comisión parlamentaria también ha analizado la queja presentada por un grupo de exempleados de Sonagas, quienes reclaman las diferencias de las liquidaciones, en virtud de una sentencia de la magistratura de trabajo de Malabo.
Las liquidaciones se calcularon en más de 60 millones de francos, y tras descontar los conceptos percibidos con anterioridad, el monto se redujo a 44 millones. Sin embargo, los representantes de la empresa alegan que los demandantes son los que les deben dinero, porque lejos de los conceptos que ya recibieron, también estuvieron cobrando el doble de las antigüedades y las pagas extraordinarias. Para mediar en el conflicto, el vicepresidente primero de la Cámara de los Diputados ha designado también otra comisión ad hoc.