Según el referido Decreto, el Gobierno, consciente de que en los próximos años, “se proyecta que la economía permanezca en recesión debido a la mayor caída de la producción petrolera, agravada por una economía no petrolera débil, un entorno empresarial incipiente, débil capital humano y un entorno de negocios poco atractivo. En este contexto, se requiere la aceleración de reformas económicas y una gestión macroeconómica prudente para frenar y revertir las tendencias negativas”, ha procedido, mediante este Decreto, a la adopción de medidas que, durante el periodo 2024 – 2028, puedan garantizar la estabilidad económica y financiera del país.
Dentro de esta línea de ideas, en uno de los veintisiete artículos que componen el texto, se pretende que, a contar desde la promulgación del mismo, el Gobierno deberá proseguir con el estudio diagnóstico de los organismos autónomos y empresas públicas, con el fin de determinar en el plazo máximo de seis (6) meses su privatización, concesión, reestructuración o liquidación de las no rentables, según proceda, así como la disolución de los organismos autónomos y empresas públicas cuyo mantenimiento no se justifique.
Todas estas medidas, tienen, entre otros fines, facilitar la reducción de los desequilibrios presupuestarios y asegurar el cumplimiento de sus compromisos en la materia durante los próximos ejercicios, así como impulsar las condiciones para un crecimiento fuerte y sostenible.
Guiado por esos fines, el Gobierno a través del Decreto en cuestión, ha hecho un recorrido por distintas áreas vinculadas a la Economía y Finanzas Públicas de Guinea Ecuatorial, tales como: Patrimonio del Estado, mecanismos de Contabilidad Pública, medidas de reactivación económica, crecimiento inclusivo y desarrollo social, gobernanza y marco anticorrupción, entre otros aspectos de suma importancia.
Otro de los aspectos que sin duda conllevan una ventaja social, es el establecimiento de carácter gratuito del registro de bienes durante el ejercicio 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley N°3/2023, de fecha 6 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado; a tal efecto, los servicios de Notaría y Registro de Propiedad y Mercantil no podrán exigir ningún pago por dicho concepto. Lo cual implica que el registro de bienes o propiedades tales como terrenos, inmuebles, etc, tanto en la Notaría, como en el Registro Mercantil, serán gratuitos durante todo el año 2024
En este Decreto se notan medidas mucho más rigurosas en cuanto al control de las actividades de los organismos autónomos, y empresas públicas, así como en los aspectos de contratos de diferentes fines entre instituciones privadas con el Estado, todo ello encaminado a la idea de que el Gobierno pretende crear un circuito mucho más controlable, desde el cual realizar análisis de viabilidad, detectando fácilmente las inversiones y gastos prescindibles. Es una medida cuyos resultados podrán juzgarse en cuanto finalice el periodo fijado en el mismo decreto 2024 – 2028.