El Gobierno confía en el acuerdo con Huawei para la instalación de dispositivos de seguridad en las ciudades del país

Este contrato, que forma parte de un ambicioso proyecto de transformación en materia de protección ciudadana, ha sido formalizado ayer martes, 20 de mayo en el Palacio del Pueblo de Malabo, bajo la dirección del Vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue.

Tras meses de rigurosas negociaciones y revisión técnica, el Gobierno ha suscrito la primera parte de un contrato vinculante para la implementación de un sistema integral de cámaras de vigilancia que abarcará todo el territorio nacional. Este acuerdo fue firmado por los Ministros de Hacienda y Presupuestos, Transportes, y el Ministro de Estado de Seguridad Nacional, así como por los Directores Generales de Huawei y China Nacional Technical Import and Export Corporation (CNTIC) en Guinea Ecuatorial.

Durante su intervención, Nguema Obiang Mangue subrayó la urgencia de este proyecto, que busca reforzar la seguridad nacional, proteger a la población más vulnerable, especialmente a los menores, y disuadir de manera efectiva actos de delincuencia y vandalismo que amenazan la estabilidad social. El sistema de videovigilancia incluirá cámaras de alta tecnología con capacidades de reconocimiento y respuesta en tiempo real, permitiendo a las autoridades monitorear espacios públicos y detectar incidentes con mayor precisión. Además, el acuerdo contempla un plan piloto para la instalación de placas solares en la isla de Corisco, lo que servirá como modelo para fomentar el uso de energía renovable en comunidades rurales.

Esta integración de soluciones tecnológicas en seguridad y sostenibilidad energética refleja el compromiso del Ejecutivo de construir un país más seguro, moderno y autosuficiente. El proyecto también abre la puerta a la capacitación de recursos humanos, la creación de empleos técnicos y el fortalecimiento de la cooperación internacional en tecnología aplicada a la seguridad y el desarrollo. Con esta iniciativa, Guinea Ecuatorial no solo fortalece su capacidad institucional en seguridad pública, sino que establece las bases para una gobernanza más eficiente, alineada con los desafíos sociales y tecnológicos del siglo XXI.

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