La iniciativa ha sido promovida por el Vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue, tras recibir información sobre el número de empleados en las Embajadas de Guinea Ecuatorial en el exterior. Durante una reunión celebrada este lunes, 02 de junio en el Palacio del Pueblo en Malabo, el Primer Ministro, Manuel Osa Nsue, y el Ministro de Estado de Asuntos Exteriores, Simeón Oyono Esono, ha informado al Vicepresidente que actualmente hay 905 personas vinculadas a las embajadas, de las cuales 234 son funcionarios nombrados y 671 están contratados.
Este panorama ha generado preocupación en el Ejecutivo debido a la existencia de numerosos trabajadores sin aval ni criterios claros de selección, algunos de los cuales carecen incluso de contratos firmados. La clasificación del personal incluye desde funcionarios diplomáticos hasta administrativos, técnicos y personal de servicios generales.
A pesar de que el Gobierno ya había realizado un esfuerzo en 2018 al reducir el presupuesto de las embajadas de 13 a 12 mil millones de francos, así como el presupuesto de alquiler de viviendas de 5 mil a 2.500 millones, los gastos continúan superando los límites establecidos por el Ejecutivo.
Para corregir esta situación, Nguema Obiang Mangue ha dictado varias medidas que deben presentarse en un plazo de un mes. Entre estas medidas se incluye el establecimiento de un cupo máximo de personal en las embajadas según su categoría y función específica, así como la prohibición de la contratación de familiares en misiones diplomáticas como un mecanismo para combatir el nepotismo. El Vicepresidente ha reconocido que existen embajadores que firman contratos de servicios injustificados a familiares a expensas del Gobierno.
Además, Nguema Obiang Mangue ha ordenado la entrega de un informe detallado sobre el personal en todas las misiones, que incluya fichas individuales y contratos firmados, en un plazo máximo de un mes. También ha instruido al Ministerio de Asuntos Exteriores a modificar el sistema actual de reclutamiento, implementando uno que permita que la información sobre las solicitudes llegue a las altas esferas del Estado.
El objetivo central de esta reforma es asegurar que el uso de los recursos del Estado en el servicio exterior se rija por los principios de legalidad, eficiencia y transparencia. Se prevé que el Ministerio de Asuntos Exteriores elabore una propuesta estructurada que permita aplicar una política común de contratación y gestión del personal.
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