Según fuentes, la muerte del joven se produjo después de la negativa de sus padres a permitir que se realizara una transfusión de sangre al menor, considerada por los médicos como la única alternativa para salvar su vida. El Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía de Instrucción Número 1 de Bata, ha interpuesto una querella criminal contra los padres del menor por el presunto delito de omisión del deber de socorro, tipificado en el artículo 514 del Código Penal, que conlleva penas de 1 a 3 años de arresto mayor.
Durante la rueda de prensa, el Fiscal General de la República, Anatolio Nzang Nguema Mangue ha destacado que, aunque la negativa de los padres del menor fallecido, a la transfusión se basó en creencias religiosas de los Testigos de Jehová, la legislación ecuatoguineana no contempla la objeción de conciencia en situaciones que amenacen la vida. Nzang Nguema Mangue ha resaltado que la libertad religiosa debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la ley, y que no puede atentar contra el derecho fundamental a la vida.
El Fiscal General ha enfatizado que «la práctica de una confesión religiosa no puede atentar contra la salud y la vida de las personas». En este contexto, ha hecho un llamado a los profesionales de la salud para que, en situaciones similares, alerten a las autoridades pertinentes para garantizar la asistencia sanitaria necesaria.
Durante la rueda de prensa, el Fiscal también ha abordado sobre la responsabilidad de los médicos en este caso, aclarando que no se les puede culpar por la muerte del menor, ya que intentaron actuar conforme a los protocolos, pero fueron impedidos por la decisión de los padres. Nzang Nguema Mangue ha subrayado que cualquier negligencia médica será investigada, pero el foco principal es la decisión de los padres que ha resultado en el fallecimiento del niño.
En respuesta a las preguntas sobre la posible custodia de otros hijos de los padres involucrados, el Fiscal ha indicado que la querella podría llevar a la suspensión de derechos civiles, incluida la pérdida de la patria potestad en caso de que estos padres tuvieran otros hijos menores de edad. Además, Nzang Nguema Mangue ha informado que se están considerando mecanismos para transmitir el mensaje del respeto a la vida y la salud a las congregaciones religiosas en el país.
El Fiscal General ha concluido su comparecencia ante los medios de comunicación matizando que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos, y que no se permitirá que las creencias personales o religiosas interfieran en este deber. La Fiscalía continuará actuando con firmeza en casos similares para evitar que se repitan tragedias como la de Antonio Basilio Ondo.
Esta situación ha generado un intenso debate sobre la interacción entre la libertad religiosa y los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, destacando la necesidad de un equilibrio entre creencias personales y la protección de la vida.
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