En un discurso, calificado de «bomba» por su contundencia, el Embajador Ndong Mba compareció en virtud del Artículo 37 del Reglamento Provisional, para corregir lo que el Gobierno considera «graves imputaciones» que atacan la dignidad, la soberanía judicial y el patrimonio nacional, específicamente en relación con los párrafos 18 y 45 del informe.
El Embajador Ndong Mba inició su intervención denunciando la omisión de hechos esenciales en el informe de la ONU relativos a un proceso judicial en curso contra ciudadanos europeos implicados en un crimen económico de gran magnitud:
- El Delito: Corrupción, fraude, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales.
- El Vínculo: El caso se relaciona con el contrato para la creación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) con la empresa española Wayang Technical.
- El Impacto Económico: El monto sustraído asciende a más de 16.1 millones de euros (10.600 millones de francos CFA), fondos públicos del pueblo ecuatoguineano. La empresa recibió 4.000 millones de francos CFA sin justificar el dinero ni ejecutar el proyecto.
- Las Pruebas: Las investigaciones confirman que los recursos fueron desviados y blanqueados a través de entidades financieras europeas, estableciendo el carácter transnacional del delito.
El Representante reafirmó que Guinea Ecuatorial es un Estado de Derecho, comprometido con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Además, garantizó que los procesados tienen un trato digno y humanitario: gozan de visitas consulares periódicas (según el artículo 36 (1) b de la Convención de Viena), y permanecen en prisión preventiva por decisión judicial motivada para evitar la fuga, con la presunción de inocencia garantizada hasta sentencia firme.
«La República de Guinea Ecuatorial lamenta la falta de cooperación de ciertas instituciones europeas a la hora de apoyar los esfuerzos de nuestro Gobierno, para combatir este delito corruptivo, y rechaza enérgicamente toda declaración o decisiones que menoscaben la credibilidad de la independencia del sistema judicial ecuatoguineano», declaró.
En referencia a las imputaciones sobre restricciones a la libertad religiosa mencionadas en el Párrafo 45 (que citaba acciones judiciales contra iglesias y una resolución del Parlamento Europeo), el Embajador rechazó categóricamente cualquier insinuación de intolerancia.
- Promoción de la Fe: El país promueve la convivencia de todas las creencias, sustentada en infraestructura religiosa y asignaciones presupuestarias a las confesiones.
- Justificación de la Medida: La medida administrativa adoptada fue calificada como preventiva y provisional. Su objetivo explícito fue evitar discursos de exclusión, de intolerancia y de odio que amenacen la unidad y la estabilidad nacional.
El discurso, concluyó con una crítica a la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central (UNSAC/UNOCA), acusándola de haberse «dejado llevar por publicaciones sensacionales externas» sin solicitar la versión oficial del Gobierno.
El Embajador Ndong Mba instó a la comunidad internacional a:
- Requerir a las instituciones europeas: Que respeten la soberanía judicial de Guinea Ecuatorial y eviten presiones políticas que buscan encubrir la corrupción internacional de ciudadanos europeos en África.
- Solicitar al Secretario General de la ONU: Que exhorte a la UNSAC/UNOCA a rectificar y a revisar su metodología de trabajo para garantizar la imparcialidad.
Los Párrafos Discutidos
Los párrafos 18 y 45 del informe de Antonio Guterres, que motivaron la contundente respuesta de Guinea Ecuatorial, decían lo siguiente:
Párrafo 18: En Guinea Ecuatorial, el 4 de junio se indultó a 476 presos, entre ellos 2 ingenieros sudafricanos que llevaban desde febrero de 2023 privados de libertad por cargos de tráfico de drogas, y a 37 personas detenidas a raíz de las protestas que se habían producido en la isla de Annobón en julio de 2024. En agosto, el Gobierno trasladó sus principales operaciones de Malabo a Bata en el marco del proceso de descentralización administrativa.
Párrafo 45: En Guinea Ecuatorial, se informó de que las autoridades habían entablado acciones judiciales contra iglesias que calificaban de «satánicas» lo que había hecho temer restricciones de la libertad de religión. El 11 de junio, el Gobierno declaró que esas iglesias infringían la legislación nacional y amenazaban la armonía social. Asimismo, el 9 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución urgente en la que denunciaba la detención arbitraria de dos ciudadanos españoles en la prisión de Playa Negra de Malabo.
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