El Ejecutivo quiere poner orden en la contratación de las empresas de mantenimiento en Guinea Ecuatorial. Precisamente, este lunes, S.E. Nguema Obiang Mangue ha convocado al director general de Servicios de Mantenimiento y Conservación de los Inmuebles Propiedad del Estado, Tomi Mba Obono.
El encuentro tenía como objetivo solicitar un informe detallado sobre los contratos de mantenimiento para su posterior revisión. Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende conocer el número total de empresas contratadas, verificar si están legalmente constituidas, identificar los servicios que realizan y examinar la nómina de cada una. Asimismo, se busca comprobar si estas firmas cumplen con sus obligaciones fiscales.
Según el director general de Mantenimiento, el Ejecutivo tiene suscritos contratos con cerca de 400 empresas, que prestan servicios en aproximadamente 6.800 inmuebles y unidades administrativas, así como en las carreteras de todo el país.
Tras una revisión preliminar del documento presentado, Nguema Obiang Mangue ha detectado algunas posibles irregularidades en los presupuestos. Por ejemplo, el paseo marítimo de Malabo, con una longitud de 6 kilómetros, y el de Cogo, que no alcanza 1 kilómetro, tienen asignado el mismo coste de mantenimiento: 8 millones de francos CFA mensuales cada uno.
Otros montos que han llamado la atención del vicepresidente son los costes correspondientes al mantenimiento del Centro de Transfusión Sanguínea de Malabo, el CNEDOGE y la Delegación Regional de Asuntos Exteriores en Bata.
Preocupado por esta situación, que a su juicio podría anticipar varias irregularidades, Nguema Obiang Mangue ha solicitado conocer el criterio aplicado para la adjudicación de los contratos de mantenimiento y la determinación de sus respectivos montos económicos.
Para ello, ha requerido un informe exhaustivo de cada empresa, con el fin de precisar los servicios que presta y los gastos asociados.
Asimismo, y con el propósito de corroborar la información que será proporcionada, una comisión visitará cada empresa para realizar verificaciones sobre el terreno.
Las sociedades que no reúnan las condiciones exigidas o que no acepten las disposiciones adoptadas por el Gobierno perderán sus contratos, ya que el Ejecutivo no negociará las medidas correctivas previstas, cuyo objetivo es salvaguardar los recursos del Estado.
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