El proyecto contempla la construcción de un parque de contenedores en un terreno de 30 hectáreas, situado en las inmediaciones del perímetro portuario de Bata. Según se detalla en el decreto, leído ayer, lunes 16 de marzo, en la televisión pública, la zona a expropiar está delimitada al norte por la franja de reserva de 100 metros de la autopista Bata-Mongomo; al sur, por una franja de 10 metros de la carretera forestal; al este, por el río Misere; y al oeste, por el río Oton Akaha.
La iniciativa responde a la necesidad de mejorar el tránsito de mercancías y reforzar la capacidad logística del país, facilitando así las operaciones vinculadas al comercio. El terreno identificado incluye propiedades privadas, lo que ha motivado la intervención del Estado para garantizar la ejecución de un proyecto considerado de utilidad pública y social, cuya implementación correrá a cargo de la empresa Albairak.
El decreto se fundamenta en las recomendaciones del Departamento de Catastro y Ordenación de Tierras, así como en lo establecido en la Ley Fundamental y la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. La decisión fue adoptada tras la deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 27 de febrero de 2026.
En cuanto al procedimiento, se concede a los propietarios afectados un plazo de 60 días para presentar ante el Departamento de Catastro la documentación que acredite la titularidad de sus bienes, a efectos de determinar el justiprecio. Asimismo, se establece que no se admitirán reclamaciones por parte de quienes no cumplan con este requisito dentro del plazo fijado.
El texto también señala que serán nulos los actos de transacción, construcción o mejora realizados con posterioridad a la aprobación del decreto. No obstante, los afectados podrán continuar explotando sus fincas hasta que el Estado proceda a la ocupación efectiva, siempre que respeten las disposiciones establecidas.
Finalmente, se faculta a varios departamentos ministeriales para adoptar las medidas necesarias que garanticen la aplicación del decreto, el cual ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en los medios informativos nacionales.
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