Las denuncias del Vicepresidente, publicadas este viernes 15 de mayo, revelan un esquema de irregularidades que, según sus palabras, representa apenas «la punta del iceberg» de los problemas que afectan a la máxima instancia judicial del país.
Según la publicación, Abaga Nsono, identificado como funcionario afecto a la Corte Suprema de Justicia en el departamento de asuntos económicos, logró un puesto de trabajo en la empresa EG LNG. Cuando presentó una solicitud de excedencia voluntaria para desempeñarse exclusivamente en la empresa privada, esta le fue denegada verbalmente por el Presidente de la Corte.
El Vicepresidente señala que esta denegación no fue casual, sino parte de una estrategia para mantener a Abaga Nsono en nómina pública. Según la denuncia, el Presidente de la Corte apartó deliberadamente al Director de Asuntos Económicos del Consejo para introducir a su nieto en la estructura administrativa. De esta forma, Abaga Nsono permanecería como empleado de plantilla sin responsabilidades facultativas, pero ostentando la firma conjunta con el presidente en las cuentas de funcionamiento de la entidad.
Esta situación habría generado un conflicto de incompatibilidad horaria. Mientras que su jornada en EG LNG se extiende de 7 u 8 de la mañana a las 17 horas de lunes a sábado, su horario en el sector público es de 8 a 16 horas. Esta superposición hizo imposible que Abaga Nsono cumpliera efectivamente con sus obligaciones en la administración pública.
A pesar de esta situación, el funcionario habría continuado percibiendo su salario mensual de 750 mil FCFA, además de mantener sus facultades para firmar las cuentas bancarias de la Corte. Según la denuncia, durante dos años Abaga Nsono cobró aproximadamente 18 millones de FCFA del Gobierno sin desempeñar labores en la institución pública.
El Vicepresidente vincula estas irregularidades a la creación de un «círculo cerrado» basado en relaciones familiares con el fin de favorecer intereses personales sobre los del Estado. La denuncia enfatiza que la investigación en torno a los problemas administrativos y financieros de la Corte Suprema de Justicia continúa abierta.