La disposición se ha dado a conocer este miércoles 17 de junio durante su lectura en la televisión pública (TVGE). El texto argumenta que la reorganización permitirá una mejor articulación de las funciones del Estado, una mayor coordinación entre los distintos sectores de la Administración y una gestión más eficaz de las prioridades estratégicas nacionales.
Asimismo, el decreto señala que la nueva configuración institucional contribuirá al fortalecimiento de las instituciones públicas y a una utilización más eficiente de los recursos disponibles, en línea con los objetivos de desarrollo y gobernanza del país.
En virtud de las facultades conferidas por la Ley Fundamental y la Ley de Régimen Jurídico de la Administración General del Estado, el presidente de la República establece las denominaciones de los departamentos ministeriales que conforman la Administración Central del Estado, cuya estructura queda integrada de la siguiente manera:
1. Presidencia del Gobierno.
2. Ministerio de Seguridad Nacional.
3. Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora.
4. Ministerio del Interior y Administración Territorial.
5. Ministerio de Defensa Nacional.
6. Ministerio de Justicia, Culto y Derechos Humanos.
7. Ministerio de Información, Prensa, Cultura y Turismo.
8. Ministerio de Hacienda, Presupuesto y Planificación Nacional.
9. Ministerio de Economía, Comercio, Industria y Promoción de Inversiones.
10. Ministerio de Hidrocarburos, Minas y Electricidad
11. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Bosques.
12. Ministerio de Obras Públicas, Ordenación Territorial y Vivienda.
13. Ministerio de Medio Ambiente y Economía Azul
14. Ministerio de Transporte, Telecomunicaciones y Aviación Civil.
15. Ministerio de Educación, Ciencia, Juventud y Deportes
16. Ministerio de Sanidad e Infraestructuras Sanitarias.
17. Ministerio de Trabajo y Formación Profesional.
18. Ministerio de Igualdad de Género y Asuntos Sociales.
19. Ministerio de la Función Pública, Reforma Administrativa y Seguridad Social.
20. Tesorería General y Patrimonio del Estado.
La medida establece así el marco organizativo sobre el que se sustentará la acción gubernamental durante la nueva etapa política iniciada tras la reciente renovación del Ejecutivo.