Las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la Corte Suprema de Justicia siguen arrojando nuevos resultados. Tras varias semanas de pesquisas impulsadas por una comisión especial creada para esclarecer posibles casos de corrupción y mala gestión dentro del sistema judicial, un nuevo expediente sitúa en el centro de la investigación al magistrado Hilario Ballovera por su presunta implicación en el manejo irregular de fondos destinados al pago de indemnizaciones laborales.
El caso tiene su origen en una denuncia presentada por varios extrabajadores de la empresa ALGOA, quienes afirmaron no haber recibido la totalidad de las indemnizaciones que les correspondían tras el cierre del conflicto laboral con la compañía.
Según la información difundida, una sentencia laboral había reconocido inicialmente indemnizaciones por un importe de 400 millones de francos CFA. Sin embargo, debido a las dificultades financieras de la empresa, ambas partes alcanzaron posteriormente un acuerdo con la intervención de la Fiscalía, fijando el pago definitivo en 150 millones de francos CFA, cantidad que finalmente fue abonada por la empresa.
Para entonces, Hilario Ballovera ya había sido nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo que le impedía continuar ejerciendo como abogado en el expediente. Aunque delegó formalmente el caso en otro letrado, la investigación sostiene que el dinero terminó siendo entregado al propio Ballovera por el abogado sustituto, acompañado por dos representantes de los trabajadores, quienes lo seguían considerando el principal responsable del proceso.
La comisión asegura que los 150 millones de francos CFA permanecieron durante dos días bajo custodia del magistrado antes de iniciarse el reparto entre los beneficiarios. Durante ese periodo, presuntamente se elaboró una nueva lista de distribución distinta de la aprobada por la Magistratura de Trabajo, introduciendo descuentos y reducciones sin respaldo legal.
Como consecuencia de esas modificaciones, la investigación concluye que quedó un remanente superior a los 70 millones de francos CFA cuyo destino no ha podido ser justificado y que constituye el principal objeto de las pesquisas abiertas por la comisión.
Este nuevo expediente se suma a otras investigaciones actualmente en curso dentro de la Corte Suprema de Justicia, donde las autoridades analizan presuntas irregularidades administrativas, financieras y laborales detectadas en las últimas semanas, en el marco de una amplia revisión del funcionamiento del máximo órgano judicial del país.