En el marco de los trabajos de análisis y revisión de la normativa que regula el funcionamiento del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial trasladó al pleno una reflexión orientada a sensibilizar a quienes intervienen en los procesos judiciales sobre la trascendencia de las decisiones que afectan a la libertad individual. A su juicio, quienes tienen la responsabilidad de ordenar una detención deben comprender de primera mano las consecuencias humanas y sociales que implica privar a una persona de este derecho fundamental.
Evuy Nguema Mikue recordó que la libertad constituye uno de los derechos esenciales recogidos en la Constitución de Guinea Ecuatorial y consideró necesario reforzar la conciencia de jueces, fiscales, policías, gendarmes y demás operadores jurídicos antes de adoptar medidas que puedan limitarla. En este sentido, planteó como propuesta para el debate que los nuevos responsables de estas funciones pudieran pasar un periodo de varias semanas en un centro penitenciario como ejercicio de reflexión y formación.
“Estoy pensando en una idea que os someto para que vayáis a analizar. Una vez que se nombra a alguien juez de instrucción, fiscal, policía o gendarme, para que sepa que la cárcel no es cosa buena para mandar a alguien allí, que vaya a hacer el experimento abajo tres semanas, encerrado”, expresó durante la reunión.
El presidente de la Corte Suprema explicó que la medida no tendría como finalidad cuestionar la necesidad de aplicar la prisión cuando las circunstancias del delito lo requieran, sino promover una mayor responsabilidad en aquellas decisiones que afectan directamente a un derecho fundamental. “Yo no estoy diciendo que no se puede mandar a alguien a la cárcel, pero dependiendo del tipo de delito que haya cometido”, señaló.
La propuesta fue abordada por los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, entre ellos el decano y consejero del órgano, Fermín Nguema Esono, quien coincidió en la necesidad de impulsar un cambio de mentalidad entre jueces, fiscales y otros actores del sistema judicial, además de avanzar en la futura Ley Penitenciaria.
Durante la sesión plenaria, el Consejo Superior del Poder Judicial continuó así con el análisis de diferentes aspectos vinculados a la modernización del sistema de justicia, con especial atención a la protección efectiva de los derechos fundamentales y a la responsabilidad de los operadores encargados de garantizar su cumplimiento.