La jornada ha llevado a los inspectores hasta las zonas más profundas del barrio, donde la comitiva fue localizando uno a uno los establecimientos sanitarios en funcionamiento. El balance resultó contundente: de los ocho locales intervenidos, los ocho quedaron precintados. Ninguno se libró de las medidas adoptadas por el órgano de control, que mantiene como principio de actuación que un establecimiento que no reúne las condiciones exigidas no puede seguir operativo.
La actuación de mayor gravedad se registró en el consultorio La Salud, de Santa María 3. Según constató la comisión, la responsable del local no disponía de documentación oficial alguna que acreditara su autorización sanitaria, comercial o administrativa, ni de la titulación académica que certificara su profesión. Los inspectores comprobaron además verbalmente que la responsable, cuya categoría profesional corresponde a auxiliar de farmacia, prestaba servicios que excedían de sus competencias, entre ellos la administración de sueros, inyecciones y determinados tratamientos.
Sobre la conservación y utilización de los medicamentos, las comprobaciones realizadas en el mismo consultorio arrojaron la situación que más preocupación generó a los inspectores: algunos productos inyectables eran utilizados parcialmente y conservados después para otros pacientes, mientras que parte de esos medicamentos se guardaba en ambientes inadecuados. Las condiciones higiénico-sanitarias del local, incluidas las camas existentes, tampoco reunían los requisitos mínimos exigibles para la prestación de servicios sanitarios. Ante la gravedad de las irregularidades constatadas, el órgano de control acordó el cierre definitivo del establecimiento.
En las farmacias Victoria y La Familia se detectaron situaciones igualmente preocupantes. De acuerdo con la comisión, ambos establecimientos carecían de las autorizaciones necesarias, presentaban medicamentos cuya procedencia no estaba debidamente acreditada y funcionaban en espacios que no reunían las condiciones mínimas para albergar una farmacia. También se constataron incumplimientos en materia fiscal y ausencia de asesoramiento sanitario acreditado.
El dispositivo mantiene así su despliegue en Malabo y amplía progresivamente el alcance de sus controles con la incorporación de profesionales del Ministerio de Comercio, en una operación cuyo objetivo es revisar de forma integral la legalidad, la actividad comercial, las condiciones sanitarias y la calidad de los productos que llegan a la población.