La medida ha sido abordada este jueves durante una sesión de trabajo presidida por el Vicepresidente en el Palacio del Pueblo de Malabo, en la que se han analizado los mecanismos para reforzar la regulación, la transparencia y el desarrollo sostenible del sector forestal.
Durante el encuentro, Nguema Obiang Mangue ha subrayado la obligación de aplicar de manera estricta la legislación que regula la explotación de los recursos forestales. Entre las condiciones señaladas figura la exigencia de que las empresas titulares de licencias cuenten con una planta de transformación de madera en territorio nacional una vez transcurridos los primeros tres años de actividad.
El cumplimiento de este requisito será determinante para la renovación de las autorizaciones existentes y para la concesión de nuevos permisos. Con ello, el Gobierno busca reducir la salida de materias primas sin transformación y favorecer que una mayor parte del valor generado por los recursos forestales permanezca en el país.
La sesión también ha puesto el foco en las actividades desarrolladas al margen de la normativa. El Vicepresidente ha instruido a los departamentos competentes a reforzar las labores de inspección y a actuar contra las empresas que operan sin autorización, así como frente a la tala furtiva y el aprovechamiento ilegal de especies protegidas, entre ellas el oveng.
Según lo expuesto durante la reunión, estas prácticas generan pérdidas económicas y medioambientales para el Estado, al facilitar la explotación y exportación de recursos sin que exista una inversión proporcional en el territorio donde se desarrollan las actividades. A ello se suma la participación de algunos actores locales en operaciones de explotación irregular, una situación que las autoridades pretenden combatir mediante un mayor control sobre la actividad forestal.
Dentro de la nueva orientación planteada para el sector, el Gobierno contempla además una redistribución de las parcelas forestales que permita devolver su gestión y derecho de uso a las comunidades originarias de las zonas correspondientes.
La participación de empresas privadas en estos espacios quedará vinculada a la presentación de proyectos de inversión que incorporen actuaciones concretas en beneficio de la población. Entre las obras contempladas figuran la instalación de redes eléctricas, el suministro de grupos electrógenos, la construcción de carreteras, puentes, escuelas e iglesias, estas últimas con materiales permanentes y duraderos.
La ejecución de estas iniciativas deberá formar parte de propuestas detalladas que las empresas presenten ante el Gobierno. El objetivo es que la explotación de los recursos forestales no se limite al aprovechamiento de la madera, sino que genere también infraestructuras y mejoras concretas para las comunidades asentadas en las zonas de actividad.
En este sentido, Nguema Obiang Mangue ha dejado claro que la concesión o renovación de una licencia estará supeditada a la calidad y viabilidad del proyecto presentado, así como al cumplimiento de las obligaciones industriales, legales, sociales y medioambientales establecidas.
La nueva hoja de ruta pretende, de este modo, reforzar el control estatal sobre los recursos forestales, impulsar la transformación local de la madera y garantizar que la explotación de estos recursos se traduzca en inversiones y beneficios tangibles para las comunidades y para la economía nacional.