El Gobierno acuerda destituir al recientemente nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Bioko Norte por un antecedente de abuso sexual

El Ejecutivo ha decidido separar del cargo a Lucas Ela Meñe Bilingun en el marco del refuerzo de los controles sobre los nombramientos públicos, una política orientada a impedir que personas con antecedentes judiciales o expedientes considerados incompatibles con el ejercicio de responsabilidades vuelvan a ocupar puestos de confianza en la Administración.

La decisión fue adoptada durante una reunión celebrada en el Palacio del Pueblo de Malabo y presidida por el vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang. Entre los expedientes examinados figuraba el de Lucas Ela Meñe Bilingun, recientemente designado presidente de las Audiencias Provinciales de Bioko Norte, Bioko Sur y Annobón.

Según la información examinada por el Ejecutivo, Ela Meñe Bilingun había sido procesado anteriormente por un caso de abuso sexual a una menor de 13 años y, pese a ese antecedente, había sido reconducido posteriormente a funciones de responsabilidad dentro de la Administración de Justicia.

Su situación ha sido analizada en el contexto de la revisión de los expedientes de personas que ocupan o han sido propuestas para cargos públicos. El Gobierno considera que quienes presentan antecedentes que comprometen los principios de responsabilidad, confianza e idoneidad exigidos para el desempeño de determinadas funciones no deben mantenerse al frente de puestos de especial responsabilidad.

La medida se produce en un momento en el que el Ejecutivo ha endurecido los filtros aplicados a los procesos de designación, después de constatar que algunos ciudadanos que habían sido condenados o encarcelados por fraude, así como personas vinculadas a casos de corrupción, fueron posteriormente propuestos por determinados ministros y nombrados en otros puestos de la Administración.

Ante esta situación, el Gobierno ha planteado una revisión más exhaustiva de los dosieres de los candidatos antes de autorizar nuevos nombramientos. El procedimiento no se limita a valorar la trayectoria profesional de los aspirantes, sino que incorpora también el examen de sus antecedentes y de su idoneidad para asumir responsabilidades públicas.

Con este nuevo criterio, el Gobierno busca evitar que personas previamente condenadas por delitos o involucradas en faltas administrativas graves puedan regresar a puestos de responsabilidad mediante nuevos nombramientos, al tiempo que establece mayores exigencias sobre los expedientes que sustentan cada designación.

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