Durante el turno de preguntas, los diputados insistieron en conocer el destino de los 10.000 francos CFA que los residentes de las viviendas sociales abonan mensualmente en concepto de mantenimiento de los espacios comunes. Según expusieron los parlamentarios, se trata de una cuestión planteada en cuatro ocasiones, sin que las respuestas recibidas hayan despejado sus dudas.
En respuesta a esta preocupación, el ministro explicó que la gestión de estos fondos corresponde a la dirección de la Empresa Nacional de Viviendas, EMPIGE, y no directamente al Ministerio de Obras Públicas. Según indicó, las cantidades recaudadas ingresan en la Tesorería y su departamento no tiene acceso directo a esos recursos.
El titular de Obras Públicas añadió que, de acuerdo con la última información de la que dispone, los fondos todavía no se habían utilizado y continuaban a disposición de la Tesorería. No obstante, reconoció que el Ministerio cuenta con información limitada tanto sobre la recaudación como sobre el uso de estas cantidades, al no ser el organismo responsable de su administración.
La explicación no resolvió las inquietudes de los parlamentarios, que centraron sus críticas en la falta de servicios adecuados en las viviendas sociales, pese a los pagos mensuales de sus residentes. Entre las deficiencias denunciadas figuran las redes de alcantarillado obstruidas, la evacuación de aguas residuales por la superficie, el deterioro de los ascensores y la ausencia de técnicos para atender las instalaciones.
Los diputados sostuvieron que existe una falta de correspondencia entre las cantidades abonadas por los residentes y los servicios que reciben. Ante la insuficiencia de las explicaciones, la Presidencia de la Cámara consideró oportuno aplazar el asunto y convocar un nuevo encuentro con el responsable del departamento para profundizar en las cuestiones planteadas.
En la presentación de su informe, el ministro defendió que las actuaciones de su departamento han estado orientadas a atender las necesidades sociales de la población, en un contexto internacional marcado por las dificultades económicas. Por ello, señaló que se ha priorizado la reducción de los costes de los proyectos y la concentración de los recursos disponibles en las intervenciones de mayor impacto para el bienestar ciudadano.
Entre los ámbitos prioritarios citó la vivienda, el saneamiento, el abastecimiento de agua potable y las carreteras, sectores que consideró fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la población.
Respecto a 2025, el informe recogió la gestión de 68 proyectos del sector vial, distribuidos en 38 carreteras, nueve puentes y 21 urbanizaciones, con un avance físico global del 80 %. Entre las actuaciones destacadas figuró la carretera de Acurenam, ya inaugurada, además de varios tramos que continuaban en ejecución.
En materia de vivienda, el ministro resaltó la entrega de 512 viviendas sociales en la nueva capital, Ciudad de La Paz, así como diversas actuaciones de rehabilitación del parque residencial. También informó de avances en las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, junto con trabajos relacionados con la actualización del marco normativo sobre tierras y ordenación territorial.
Para 2026, el departamento dio continuidad a las obras en curso y situó en el 93 % el nivel de ejecución presentado durante la comparecencia. Asimismo, informó de la inauguración de 107 proyectos en distintos sectores durante ese periodo.
En cuanto a las previsiones para 2027, el ministro indicó que la propuesta presupuestaria ya había sido presentada ante las dos cámaras legislativas para su estudio y posterior aprobación, con el objetivo de garantizar la continuidad de los proyectos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
La sesión dejó pendiente la cuestión sobre los fondos destinados al mantenimiento de las viviendas sociales, cuya administración, según la explicación del ministro , corresponde a EMPIGE, mientras que los recursos recaudados permanecen en la Tesorería. Los diputados esperan que una nueva comparecencia permita aclarar la gestión de estas cantidades y las medidas previstas para mejorar los servicios comunitarios.