Lo que venía siendo un secreto a voces y motivo de quejas de varios sectores de la población de Guinea Ecuatorial, ahora constituye la misma preocupación del Gobierno, por medio del ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias. La actividad eclesiástica de las iglesias evangélicas (sectas), las cuales han proliferado en el país desde el boom del petróleo, ahora está en el punto de mira y podría tomar un nuevo rumbo en los próximos meses, según fuetes del departamento de Justicia.
En la jornada de ayer, el Ministro Delegado de este ente, Juan Olo Mba Nseng, se reunió en la Sala de Conferencias de Ngolo (Bata) con el contingente de pastores de la Región Continental para llamarles la atención sobre supuestas irregularidades que éstos cometen en el seno de sus iglesias.
“La reunión que hemos venido a hacer es para dar coto a muchas iglesias que trabajan de forma ilegal en el país, porque no respetan lo que está establecido en la ley de culto. Les hemos dicho que cierren sus puertas. Las que tienen autorizaciones, que preparen otros expedientes en los cuales deben reflejar quién es el pastor, su formación, etc”, subrayó Olo Mba Nseng.
Aunque no se revelaron las iglesias objeto de cierre, el miembro del gobierno llegó a recapitular que las que próximamente incurran en el error de no respetar estos lineamientos, sus cabecillas serán juzgados en base a las leyes vigentes en el país. En esta línea, también se manifestó preocupado el Fiscal General de la República en una entrevista mantenida con el programa A Fondo de la televisión nacional la semana pasada.
Varios han sido los escándalos que se han destapado en el seno de estas iglesias evangélicas en no respetar las normas como ocurrió con la secta “Pare de Sufrir”, que se pasó del decreto presidencial por el que se ordenó en confinamiento y el cierre de toda actividad no esencial en la primera ola del coronavirus; la pareja que obligó al ayuno a sus niños durante un buen tiempo y que se desembocó en una tragedia; la prohibición a estudiantes de no cantar el himno nacional, entre otras atrocidades que ahora les ha puesto en el punto de mira del Gobierno.