Después de pasar 7 meses en la cárcel pública de Malabo, los señores: Ismael Efua Mbana Makina, Filoteo Edjang Ndong, Juan Nve Esono, Crisanto Pascual Nguema Mba, podrán dormir libremente en sus casas, después de ser absueltos por la fiscalía y la acusación particular del Estado al no encontrar pruebas que les vincule en los delitos de la trama de venta ilegal de los caudales públicos, blanqueo de capitales y encubrimiento con ánimo de lucro y receptación por los que les acusaban.
En la jornada de ayer miércoles, tanto la fiscalía, la acusación del Estado y la defensa, han presentado sus informes definitivos a la mesa para sus sentencias.
Para Leocadia Anguesomo Ndong, la fiscalía en su informe final pide para ella la pena de 14 años y 4 meses de prisión por el delito de malversación de caudales públicos, y la pena de 7 años de prisión, y una multa de 200 millones por el delito de blanqueo de capitales.
La fiscalía la considera como la autora y promotora de todo el engranaje delictivo que se ha descubierto en la Tesorería General del Estado, argumentando que desde su ascenso como cajera general su intención solo fue en hacerse con el control absoluto de los efectos que se hallan en la bóveda, haciéndose con todas las llaves y violando así el criterio de control, cuando tres personas sí deberían custodiar las llaves de la bóveda.
La fiscalía cree que la señora añadió a sus bienes personales, los beneficios de la venta ilegal con lo que le acusan y proponen el embargo de sus bienes en caso de comprobar que han sido resultado de los beneficios obtenidos de la venta ilegal de caudales públicos.
Ismael Diomonde, súbdito costamarfileño, piden para él, la pena de 6 años de prisión por el delito de encubrimiento con ánimo de lucro y receptación con una multa de 150 mil francos, así como la pena de 5 años de prisión por el blanqueo de capitales y una multa de 50 mil francos. Y por su colaboración a la justicia, la fiscalía pide que le apliquen la atenuante novena del artículo 9 del código penal.
Para el procesado Silvano Ondo Edjang, jefe de la caja chica de valores hasta el momento que ocurren los hechos, (sección que dispensa los efectos a los expendedores para su venta en los diferentes ministerios), la fiscalía solicita una pena de 10 años de prisión con inhabilitación absoluta y una multa de 100 mil francos cfas.
La fiscalía ha manifestado que durante la investigación, la policía incautó en su vivienda una cantidad de 2.719.000 francos en efectos timbrados, por lo que, califican su actuación de constitutivo del delito de malversación de caudales públicos en la categoría de autor.
Para Acacio Mba Nzang, comisario adjunto de informaciones generales, la fiscalía en su informe final solicita para él, la pena de 6 años de prisión menor con una multa de 100 mil.
El comisario manifestó en su declaración anterior que requisó un bolso de efectos timbrados con un valor de 140 millones de francos en las manos de Ismael Diomonde porque este le debía 35 millones, y en la vista oral dijo que la retención del bolso era por causa de una investigación que estaba llevando en secreto, en tanto que comisario adjunto de informaciones generales. Sin embargo, la fiscalía cuestiona su criterio de investigación y argumentan que un comisario adjunto no tiene la facultad de abrir una investigación sin el conocimiento del titular.
Juan José Nzeng Obiang, la fiscalía pide para él la pena de 1 año y 4 meses de prisión y una multa de 50 mil francos. La fiscalía considera que igual como Acacio Mba, era conocedor, gestor y participe activo del negocio que dirigía su amigo, el costamarfileño, Ismael Diomonde, y recibió de este la cantidad de 8 millones en efectos timbrados con el fin de buscar a alguien para su venta y repartir los beneficios entre ellos.
Juan Noel Monsuy, sargento de las fuerzas armadas también tendrá que cumplir una condena de 1 año y 4 meses de prisión y una multa de 50 mil francos si así lo aprueba el juez en su dictamen, por el delito de encubrimiento con ánimo de lucro. Se le acusa por recibir de su amigo Diomonde en varias ocasiones los efectos de valor para su venta, e involucró a su primo Buenaventura Monsuy para buscar a alguien para la venta haciéndole una entrega de 5 millones en efectos de valor. Según la fiscalía, la policía incautó en la casa de Juan Noel la cantidad de 9.780 piezas de pólizas en valor de 500 francos cada una.
En la misma línea de gestores de venta ilegal de caudales públicos, la fiscalía pide condenar a Valeriano Ava Oyana Abogo, Brigada de las Fuerzas Terrestres, a la pena de 1 año y 4 meses de prisión menor en su grado mínimo y una multa de 50 mil francos, 5 años de prisión y una multa de 5 millones por el delito de blanqueo de capitales.
La acusación pública explica que, Valeriano recibió efectos de valor en las manos de Diomonde como garantía de la devolución de una supuesta deuda de dinero que le había prestado, y como suboficial no pudo investigar su origen en las manos de un extranjero, y gestionó posteriormente el traslado de los efectos interceptados en la ciudad de Mongomo. La fiscalía determina que su objetivo fue ganar su parte de dinero una vez vender los efectos, echando en olvido su papel como en tanto que sub- oficial de las fuerzas de seguridad nacional. Y le acusan por llevar a cabo la gestión de préstamo de dinero de manera ilegal en el país.
Y para Dolores Okomo Edjang, expendedora de la tesorería, la fiscalía pide para ella la pena de 1 año y 4 meses de prisión menor por encubrimiento con ánimo de lucro con una multa de 50 mil francos, y 5 años de prisión con una multa de 7 millones de francos por el delito de blanqueo de capitales. La fiscalía sostiene que la procesada recibió efectos con un valor de 2 millones de francos, logrando vender 1.150.000, y fue la única persona que se benefició de la venta, haciéndose con todos lo que logró vender.
A pesar de todo, los abogados del Estado, han lamentado la brevedad y el prematuro fin del juicio, manifestando que durante el juicio han salido más informaciones y está gente tiene que declarar, y han sugerido a la fiscalía seguir con las investigaciones porque este juicio no ha terminado. Mientras los abogados defensores, han pedido la libre absolución de sus mandantes, alegando que la fiscalía no ha tomado tiempo para investigar con profundidad los hechos, limitando solo en las pocas declaraciones, y aseguran que sólo han tenido en cuenta algunas cosas, haciendo desaparecer algunos documentos que prueban la inocencia de sus defendidos. «A quién se está encubriendo aquí», pregunta un abogado.
Después de las vistas orales, interrogatorios y la fase probatoria, y visto los informes definitivos de las partes, el juicio se ha quedado para sus sentencia cuando lo anuncie el juez.