El pasado lunes, 23 de mayo, comenzó en Bata el juicio contra la empresa Santy, que ha sentado en el banquillo de los acusados a más de 10 empleados de esa firma, acusados de un presunto delito de atentado contra la salud pública sobre la importación, expedición y venta de productos fármacos y análogos, algunos con fechas de caducidad y otros sin ellas.
2.000 millones de francos cefas es la cantidad que pide la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Litoral, representados por Sidonio Oló Monsuy y Herminio Mañana Ondó Andeme, a los responsables de la cadena de supermercados Santy y para los implicados en la trama una pena de prisión y reclusión en su grado menor y una multa de 25.000 francos cefas, según lo establecido en el artículo 69 del Código Penal de Guinea Ecuatorial. El Ministerio Fiscal ha pedido también a la mesa del jurado que la firma pague por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Por su parte, los abogados de los procesados han pedido la desestimación de la demanda y la puesta en libertad de los mismos, alegando que la Fiscalía no ha podido presentar a la mesa del jurado los hechos, ya que «a través de los mismos se va a enjuiciar y hacer la justicia», ha señalado Edmundo Eseng Ondó Nchama.
Las vistas de este juicio continúan a lo largo de esta semana.