Las redes sociales son instrumentos concebidos como plataformas de progreso en una sociedad. Sin embargo, en Guinea Ecuatorial se han convertido en terreno fértil para cometer delitos de difamación, atentando contra la intimidad, el honor, la reputación y la imagen de las personas físicas y jurídicas.
En este sentido, el Ministro de Justicia, Sergio Abeso Tomo durante su comparecencia en la Cámara de los Diputados ha indicado que el Gobierno es consciente de que el uso de estas plataformas digitales debe ser regulado por el derecho y es en esta dirección que presenta el Proyecto de Ley Reguladora del Uso de Las Redes Sociales en Guinea Ecuatorial, cuyo fin es acabar con la inmunidad legal dotando al país de un instrumento legal que organice la utilización de estas nuevas tecnologías, y permita reprimir los delitos cometidos a través de los soportes informáticos o las redes sociales.
Según el ministro, estas amenazas todavía no pueden ser combatidas legalmente en el país, porque la legislación de Guinea Ecuatorial no es compatible con los conceptos de informática y el ciberespacio, además según el artículo 13 de la Ley Fundamental, todo ciudadano goza del derecho a no ser castigado por un acto que, en el momento de cometerse no estuviese tipificado ni castigado como infracción penal.
No obstante, el Ejecutivo pretende adaptar la normativa penal vigente en el país a la realidad del siglo XXI, velando por un uso responsable de las redes sociales y adoptando medidas de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las nuevas tecnologías de información y comunicación. En el referido Proyecto de Ley se detallan las prohibiciones y obligaciones, así como el derecho de retraer por el mismo medio, todas las informaciones, expresiones o mensajes publicados, cuando afecten a los derechos fundamentales de otras personas; unos conceptos que deberán observar los usuarios de las redes sociales para el buen uso de esas plataformas digitales.
Por otra parte, se determinan las funciones que tendrá la Agencia Nacional de Ciberseguridad e Infraestructuras Críticas, que se prevé crear como un ente autónomo de derecho público, dependiente de la Presidencia del Gobierno, también definen los delitos informáticos y los ciberdelitos, así como las penas o sanciones que aplicarán a los usuarios infractores.