El ex Director General de SEGESA, Juan Lupercio Nsibi Omogo, se enfrenta a una solicitud de 12 años de prisión por los supuestos delitos de abuso de funciones; 12 años por abuso de bienes de interés general y 6 años por soborno; además de una indemnización de 2.500.000.000 XFA en concepto de responsabilidad civil.
En su declaración como procesado, Juan Lupercio Nsibi ha asegurado este miércoles, ante las preguntas de la Fiscalía, que el director y fundador de la empresa Coop-Elc, Reginaldo Etó Asumu, “no le dio 200 millones”, afirmando que “no tenía motivos para exigirle ese dinero” porque ya tenían firmado el contrato de suministro de material para la electrificación de los 19 distritos urbanos en la Región Continental. “En la Gendarmería Nacional dije lo contrario para evitar que me sigan castigando”, explica.
Declaración anterior de Reginaldo Etó: “Tuve miedo”
El director y fundador de la empresa Coop-Elec afirmó en su declaración prestada el pasado viernes, 15 de febrero, que efectivamente “le entregó 200 millones al Director General de SEGESA porque recibió cierta presión” de su parte, e incluso confesó “tener miedo” por las cosas que supuestamente le dijo Juan Lupercio. Una versión que confirma el conductor del Director General, quien también aseguró durante su declaración que vio cómo Reginaldo Etó le entregó una maleta, siendo él quien la metió en el maletero del coche de su jefe, añadiendo que “nunca supo lo que contenía la maleta”.
“Dentro de esa maleta había ropa. Tenía algunas ropas en Bata y como Reginaldo estaba viniendo a Malabo, le pedí que me las trajera”, asegura el ex Director General de SEGESA.
No obstante, Nsibi Omogo ha explicado que tenía ropa en una lavandería y en la sastrería en Bata. “Pedí a un chico que tengo en Bata que le diera esa ropa a Reginaldo y esa maleta de ropa es la que me entregó en el Hotel Ilachi”, añade.
El relato de Juan Lupercio Nsibi sobre el proyecto de electrificación de los 19 distritos urbanos en la Región Continental: “Coop-Elec ganó el contrato por la calidad de su material”
Juan Lupercio ha relatado que mandó al Jefe de Servicios Técnicos para que preparase los presupuestos para la adquisición del material para el proyecto de electrificación de los distritos urbanos, y este le presentó dos facturas proformas: una de 3.500 millones de la empresa Maravillas de Potao y otra de 3.600 millones de la empresa Coop-Elec, optando finalmente por la empresa Coop-Elec porque la “calidad de su material era mejor”. Además, sostiene que le puso a Coop-Elec como condición “bajar su factura al precio de Maravillas de Potao”.
“Recibía 6 millones mensualmente en concepto de funcionamiento de la dirección general”
El Fiscal ha preguntado a Juan Lupercio Nsibi sobre los 6.000.000 XFA que percibía al mes por “derecho de funcionamiento de la dirección general”, a lo que él ha explicado que recibió esta cifra porque “la empresa pasó un tiempo sin pagarle ese derecho”, añadiendo que “cuando fue nombrado por segunda vez como Director General, encontró a SEGESA con serios problemas de liquidez”.
“Encuentro a SEGESA en una situación de quiebra. Debían al personal más de 3 meses de atrasos salariales. La empresa estaba endeudada con bancos y con los proveedores. Al notar esta situación, les dije a los jefes financieros que no voy a percibir lo que me corresponde como funcionamiento hasta que solucionemos el problema de los salarios”, expone, afirmando que “pasó todo el año 2021 sin recibir esta prima de funcionamiento”. “Vengo a cobrarlo por primera vez en diciembre de 2022, con los atrasos que me debían”, aclara.
“En SEGESA hay muchísimos empleados”
El ex Director General ha declarado que cuando le nombraron por segunda vez en noviembre de 2022, pidió la lista del personal y encontró que en la empresa había “alrededor de 2.500 empleados”, volviendo a reclutar, “mediante mandato del Jefe de Estado”, 415 empleados para el mantenimiento de las trochas. “El mandato del Jefe de Estado no se puede rechazar porque es el propietario de la empresa”, responde Nsibi Omogo a la duda del fiscal.
El Ministerio Fiscal también ha querido saber sobre la condonación y compensación de las facturas a los abonados
El imputado Juan Lupercio Nsibi Omogo comenzó diciendo que “no quiero hablar de este tema”, ha explicado que la cuestión de las condonaciones y descuentos a abonados es un tema crucial en lo que respecta al funcionamiento de SEGESA, asegurando, además, que “la población de Guinea Ecuatorial está pagando tarifas ilegales”. El ex Director General ha manifestado que las empresas presentaron una queja ante el Ministerio de Industria, en la que afirmaban que “estaban pagando más de lo que deben”.
“El Ministerio me trasladó esta carta y pregunté si había otra ley que fijase los precios”, expresa, revelando que las tarifas que están introducidas en el sistema de facturación que emplea SEGESA “son ilegales”.
“Son tres veces más altas. No están aplicando la ley y eso es lo que crea los descuentos o condonaciones”, afirma. “Después de la queja de las grandes empresas, empecé a aplicar la ley: donde se facturaba 160, yo facturaba 60. Esta diferencia es la que se condonaba porque estaba fuera de la ley. No se ha aplicado la ley tarifaria de 2002 ni la de 2022”, manifiesta.
Los últimos procesados que han subido al estrado este miércoles han sido Bernabé Esono Andeme, que enfrenta la solicitud de 2 años de cárcel por supuesto enriquecimiento ilícito y una responsabilidad civil de 10.000.000 XFA; Daniel Barron Esono, 12 años de cárcel por los supuestos delitos de malversación y abuso de funciones, mas una multa en lo civil de 5.000.000 XFA; y Juan Carlos Ango Mba Nchama, quien enfrenta una petición de 6 años de prisión por el presunto delito de exoneración y ponderaciones ilegales, más una responsabilidad civil de 10.000.000 XFA.