Nicolás Ruso, ciudadano extranjero y responsable técnico de la filial de Comercial Santy, fue detenido y procesado tras descubrir que, bajo su supervisión, se manipulaban sistemáticamente las fechas de caducidad de productos de consumo de forma masiva. Muchos de estos productos estaban vencidos y resultaban potencialmente nocivos para la salud. La gravedad del caso ENBASA generó una fuerte indignación social y motivó la reacción inmediata del Vicepresidente de la República, quien, tras confirmar los hechos, ordenó medidas firmes como la destrucción de todos los productos afectados, la destitución de los responsables locales y sanciones económicas a la empresa, dejando a la justicia el inicio del proceso penal contra los principales implicados.
El caso ENBASA, en el que Nicolás Ruso figuraba como uno de los principales procesados, se encontraba aún en trámite judicial cuando se produjo su fuga del país con destino a España. De acuerdo con las pesquisas de la Gendarmería Nacional, esta evasión no fue un hecho fortuito, sino resultado de una maniobra articulada desde el interior del sistema penitenciario y judicial.
El teniente médico de la prisión de Bata, Pergentino Nze Bee Nchama, alegó que el recluso sufría una supuesta urgencia médica, lo que permitió su traslado al Hospital Regional de Bata. Una vez fuera del recinto penitenciario, Ruso fue puesto en contacto con su abogado, quien acudió al Juzgado de Instrucción n.º II de Bata y solicitó una orden de libertad provisional con evacuación médica al extranjero. El Magistrado firmó la orden sin realizar verificaciones técnicas con las instituciones sanitarias del país ni contrastar el riesgo de fuga. De esta forma, Nicolás Ruso abandonó el país alegando motivos de salud, evadiendo su responsabilidad judicial y comprometiendo la integridad del proceso penal en curso.
Este episodio constituye no solo una presunta evasión judicial, sino también un posible caso de corrupción institucional en el que funcionarios con obligaciones legales habrían facilitado la huida de un acusado cuya conducta ponía en riesgo la vida de miles de ciudadanos.
La Gendarmería Nacional prosigue con las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a todos los responsables y activar los mecanismos legales e internacionales necesarios para la localización y eventual repatriación del procesado.
Permitir que un acusado por delitos de esta gravedad abandone el país sin control es una grave vulneración de los principios que rigen el Estado de derecho. La salud pública no puede verse comprometida por intereses personales, omisiones administrativas ni redes de protección encubierta.
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