En el Juzgado de Instrucción número 1 de Malabo se sigue un expediente de querella criminal contra José Nzeng Akogo Nachama, exabogado de la empresa SONAVI, Diosdado Adjibi, fiscal de la Gendarmería y Celestino Mba Nguema, supuesto representante de los extrabajadores de la subcontrata de vigilancia y control SONAVI, acusados de presunta estafa y apropiación indebida. El caso se remonta a julio de este año, y ha despertado preocupación por las irregularidades detectadas.
Según la fuente, José Nzeng Akogo Nachama –el principal acusado-, en su afán de conseguir beneficios personales rescató un antiguo litigio sobre liquidaciones pendientes de la empresa SONAVI, a favor de dos grupos de exempleados que prestaron servicios en las empresas ARAMAR y MOBIL. Nzeng Akogo habría convencido al Presidente del Consejo de Administración de SONAVI para que desembolsara una suma de 61 millones de F.CFA, a razón de 13 millones para los exempleados de ARAMAR y los otros 48 para los de MOBIL.
Aunque el caso estaba todavía pendiente de ejecución en la Magistratura de Trabajo y constaba en el Parlamento Nacional, el exabogado de SONAVI aseguró haber negociado directamente con los exempleados logrando reducir las liquidaciones de 24 a 13 millones para el grupo de ARAMAR y de 120 a 48 millones en MOBIL. El PCA de SONAVI, confiado en la gestión de su abogado y en su deseo de saldar la deuda, habría entregado el dinero en efectivo con la expresa instrucción de que se tramitara legalmente a través de la Magistratura de Trabajo.
El exabogado, José Nzeng recurrió entonces a Celestino Mba Nguema, quién habría aparecido como representante de los extrabajadores de ARAMAR, y a pesar de que sabía que él carecía de acreditación jurídica, decidió entregarle los 13 millones de F.CFA, y le exigió 4 millones de F.CFA en concepto de prima por gestión. Las operaciones habrían sido efectuadas en presencia del Fiscal de la Gendarmería, Diosdado Adjibi. Aquí surge una de las mayores controversias: ¿Cómo un fiscal de la Gendarmería ejecuta una sentencia que corresponde exclusivamente a la Magistratura de Trabajo?
Tras la supuesta repartición del dinero, José Nzeng habría intentado homologar un acuerdo judicial en la Magistratura de Trabajo. Pero resultó que el expediente ya constaba en la Magistratura, lo cual destapó el enredo y dio lugar a lo que muchos juristas describen como un laberinto corrupto. Las investigaciones revelaron que tanto José Nzeng Akogo como Celestino Mba sólo contaban con la autorización de 5 de los 71 exempleados de SONAVI, y que muchos de ellos aseguran no haber recibido siquiera un F.CFA del dinero en cuestión.
Actualmente, el exabogado y el supuesto representante permanecen retenidos de forma provisional en la Gendarmería y ya han prestado nuevas declaraciones. José Nzeng Akogo afirma haber devuelto 3 de los 4 millones cobrados como prima en la Fiscalía de la Gendarmería. Sin embargo, el documento remitido al Juzgado solo registra 2.950.000 F.CFA, generando una diferencia que aumenta las sospechas.
Por su parte, el supuesto representante sostiene que repartió 3.050.000 F.CFA en presencia del citado fiscal, depositando el resto en las oficinas de la propia fiscalía, sin justificación clara. Aun así, el recuento total no alcanza los 13 millones que debía recibir el grupo ARAMAR. La empresa SONAVI, representada en este proceso por su abogado, solicita que los tres implicados devuelvan los 13 millones correspondientes a ARAMAR, mientras se aclara el destino final del dinero. El expediente relativo a los 48 millones de MOBIL permanece abierto y aún pendiente de instrucción.
Más allá de la estafa denunciada el caso plantea serias interrogantes jurídicas: ¿Cómo puede un expediente con sentencia firme desde 2013 y registrado en el Parlamento ser ejecutado desde la Fiscalía de una Gendarmería?¿Cómo se justifica que un fiscal asuma el papel de juez, contraviniendo la normativa que establece que sólo la Magistratura de Trabajo puede ejecutar lo juzgado? ¿Cómo es posible que, siendo garantes de la legalidad, el fiscal no reorientara a las partes para su correcto trámite?
La actuación del Fiscal de la Gendarmería al no remitir el caso a la autoridad competente, ha despertado preocupación tanto en el Juzgado de Instrucción número 1 de Malabo como en otros conocedores de la ley. Los expertos recuerdan que el único que juzga y ejecuta lo juzgado, es el juez señalando que la actuación del fiscal supone un agravante jurídico y un precedente inquietante.
Este proceso, que continúa bajo investigación no sólo busca recuperar los fondos presuntamente estafados y apropiados, sino también sentar claridad en los límites de las competencias judiciales y fiscales en el país. Por ahora, el caso SONAVI sigue siendo un ejemplo palpable de cómo los vacíos de control y la confianza mal depositada pueden desembocar en un escándalo legal y/o judicial.
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